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Representantes de varias naciones de la región expresan su preocupación por sufrir un asedio constante manifestado en persecución legal y agresiones físicas.
La directora de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Martha Ramos, presentó el día de ayer en este lugar el informe actualizado sobre el estado de la libertad de prensa en las Américas, durante la 81ª Asamblea General del organismo.
Según las palabras de Ramos, la intensificación de las presiones contra la práctica periodística ha crecido notablemente en los últimos meses, afectando el derecho fundamental de los ciudadanos a contar con información completa.
“Desde la SIP enfatizamos que las libertades de expresión y de prensa constituyen pilares imprescindibles para la plena vigencia de la democracia”, aseveró.
El informe revela que, pese a la existencia de marcos constitucionales de protección en diversas naciones, la labor cotidiana del periodismo ha sido minada por el hostigamiento, la violencia, el acoso judicial y la presión económica, sumados a la censura y el control digital, cubriendo el territorio desde Canadá hasta Argentina.
“El empleo de operadores digitales para magnificar el discurso gubernamental y atacar a las voces disidentes es una táctica reportada en múltiples países. En Colombia, el gobierno contrata a ‘influencers’ bajo la modalidad de prestación de servicios, quienes actúan como operadores digitales de propaganda. En Argentina y Costa Rica, el acoso digital es amplificado por cuentas vinculadas al oficialismo o por altos funcionarios que han confesado utilizar cuentas falsas”, explicó Ramos.
La directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) alertó que la utilización del sistema legal como instrumento de ataque y censura previa demanda una vigilancia especial, y que la defensa legal de los profesionales de la prensa y los medios requiere la implementación de estrategias renovadas.
“La onda expansiva que generan las descalificaciones y los ataques provenientes del poder pone en situación de riesgo el ejercicio diario de nuestros periodistas y de las empresas de comunicación”, sostuvo Ramos.
Y añadió además: “Durante este semestre, observamos que, proporcionalmente, la violencia dirigida hacia los comunicadores ha tenido un aumento más marcado en Perú, mientras que El Salvador ha forzado el desplazamiento de decenas de profesionales de la prensa, un fenómeno que ya presenciamos anteriormente en Nicaragua, Venezuela y Cuba”.
La Sociedad Interamericana de Prensa ratifica su compromiso inquebrantable con la libertad de expresión y el periodismo ejercido con independencia.
“Desde la SIP continuaremos denunciando y alertando sobre cualquier tipo de amenaza que atente contra la libertad de prensa”, concluyó Ramos.
La 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Punta Cana se transformó en un foro para que periodistas de diversas naciones denunciaran el acoso, las agresiones, la persecución legal y las tácticas empleadas por los gobiernos para silenciar a la prensa.
Las acusaciones de abusos y excesos se dieron a conocer durante la segunda jornada de discusiones y debates en el marco de la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se lleva a cabo en el hotel Westin, Punta Cana.
PUNTOS CENTRALES.
Haití: El periodista Joseph Guyler Delva (cuya salida del país fue facilitada por la SIP debido a riesgos contra su vida) aseveró que las autoridades buscan silenciar a los medios y ocultar la realidad.
Acusó al Poder Ejecutivo de destinar fondos estatales para financiar a difamadores y de vincular falsamente a periodistas con grupos criminales para desacreditar su labor.
Perú: Rodrigo Salazar Zimmermann (Consejo de la Prensa Peruana) presentó un panorama caracterizado por la violencia y el acoso judicial en un clima de inestabilidad política.
Detalló que cerca de 30 querellas anuales contra periodistas son promovidas en un 80% por servidores públicos o sus allegados, lo cual genera un efecto de intimidación y desgaste emocional.
Guatemala: Mariano Sandoval (Prensa Libre) señaló que el país se encuentra al borde de la “ingobernabilidad” y que persisten las acusaciones y los trámites judiciales en contra de la prensa, liderados por el Ministerio Público. Mencionó el caso de José Rubén Zamora (detenido en 2022) como un ejemplo de proceso prolongado y falto de transparencia.
Honduras: Sebastián Pastor (Televicentro) advirtió sobre el deterioro de la solidez democrática y la práctica de la autocensura. Denunció que los procedimientos judiciales son utilizados como mecanismo de amedrentamiento y recordó que más de un centenar de comunicadores han sido asesinados en las últimas dos décadas, con una tasa de impunidad del 88% de los casos.
Panamá: Rita Vásquez (La Prensa) enfatizó el impacto económico derivado de las demandas multimillonarias por calumnia e injuria (estimadas en unos $60 millones) y la tendencia del gobierno a penalizar a los medios críticos condicionando la asignación de publicidad oficial.
México: Luciano Pascoe (TV Azteca) afirmó que la judicialización, el hostigamiento sistemático y la violencia buscan sofocar las voces que critican al régimen dominante.
Los profesionales de la prensa subrayaron que el acoso legal, el financiamiento de campañas difamatorias y la violencia que goza de impunidad son herramientas empleadas para minar la libertad de expresión y la capacidad de los medios de prensa para desarrollar su trabajo en entornos hostiles, en el contexto de la corrupción y el crimen organizado.
La SIP es una entidad sin ánimo de lucro dedicada enteramente a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en todo el continente americano.
Está integrada por más de 1.300 medios de comunicación del hemisferio occidental y tiene su sede principal en Miami, Florida, Estados Unidos.
Es ampliamente reconocida por supervisar de cerca el estado de la libertad de prensa en la región, documentar y denunciar los abusos y hostigamientos dirigidos a los periodistas, y fomentar altos estándares de excelencia en la práctica periodística.
El trabajo que usted expuso es una viva muestra de los intensos debates y las denuncias que se llevan a cabo durante sus asambleas generales.
Una cita destacada.
Sebastián Pastor, director ejecutivo de Televicentro, Honduras: “A lo largo de las últimas dos décadas, más de 100 comunicadores fueron asesinados, y la impunidad se mantiene en el 88% de esos crímenes”.
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