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Dos de estas acciones legales fueron presentadas contra el New York Times y el Wall Street Journal, dos de los periódicos más influyentes del país, a los que Trump exigió 15.000 y 10.000 millones de dólares, respectivamente, por alegatos de difamación.
Punta Cana.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expuso este domingo en su reporte anual que el panorama mediático en Estados Unidos está marcado por una atmósfera de presión, resultado de las intimidaciones, ajustes presupuestarios y limitaciones que experimentan desde que el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, asumió el cargo.
La institución, que finalizó este domingo en República Dominicana su 81ª asamblea anual, alertó que los medios de comunicación estadounidenses se han sentido cohibidos por “una andanada de procesos judiciales y agresiones verbales” provenientes del presidente, quien ha manifestado públicamente su animadversión hacia la prensa crítica con su administración.
Dos de estas disputas legales se dirigieron contra el New York Times y el Wall Street Journal, dos de las cabeceras de mayor alcance en la nación, a las cuales Trump demandó por 15.000 y 10.000 millones de dólares, respectivamente, por presunta difamación.
No obstante, la autoridad judicial desestimó las acusaciones de Trump en ambos litigios.
Otro medio que ha estado bajo el escrutinio presidencial es la agencia de noticias Associated Press, a la cual Trump sancionó negándole la entrada al Despacho Oval, al Air Force One y a otras actividades exclusivas, por no referirse al ‘Golfo de México’ en sus crónicas como el ‘Golfo de América’.
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El informe de la SIP también critica que el Gobierno ha utilizado los recortes financieros como herramienta para limitar la libertad de expresión, recordando la desmantelación de Voice of America, la emisora internacional financiada por Estados Unidos, ordenada por Trump en marzo pasado.
A esto le siguió, en mayo, la reducción de fondos para PBS, la cadena de televisión pública estadounidense, y para NPR, el servicio público de radiodifusión, entidades a las que el presidente tachó de estar políticamente parcializadas.
La postura abiertamente hostil de Trump hacia los medios ha escalado la tensión a niveles muy altos, incentivando un aumento en las agresiones sufridas por los periodistas.
El U.S. Press Freedom Tracker ha documentado 97 agresiones físicas contra profesionales de la información desde el 1 de abril, la mayoría ocurridas durante las protestas contra las incursiones migratorias en Los Ángeles en junio. En el semestre anterior, se habían registrado tan solo 10 incidentes de esta índole.
Una de las afectadas fue la periodista australiana Lauren Tomasi, de Nine News, quien fue impactada en la pierna por una bala de goma mientras cubría las manifestaciones en directo.
Esa misma plataforma también señala un incremento en las detenciones o arrestos de periodistas, que suman 26 en los últimos seis meses, siendo la cifra más alta registrada durante las protestas en Los Ángeles.
Un indicio de cómo las palabras de Trump exacerban la precariedad de los periodistas se evidenció el mes pasado tras el homicidio del activista ultraconservador Charlie Kirk, cercano a Trump, momento en que el presidente culpó a la “izquierda radical” de estar detrás del ataque y acusó a los medios de fomentar un clima de violencia, según la SIP.
En los días siguientes al deceso de Kirk, se reportaron dos ataques contra sedes de medios de comunicación.
El primero tuvo lugar el 12 de septiembre, cuando se descubrió un artefacto incendiario bajo un vehículo de prensa de la filial local de Fox en Salt Lake City y dos personas fueron puestas bajo custodia, mientras que el 19 de septiembre un sospechoso fue aprehendido por haber efectuado al menos tres disparos contra las oficinas de la filial de ABC en Sacramento (California).
El reporte también lamenta que el acceso a la información pública ha sido restringido, citando la eliminación de más de una docena de portales de internet gubernamentales que ocurrió al poco tiempo de la investidura de Trump.
Adicionalmente, el Pentágono impuso recientemente la condición de no divulgar cierta información para permitir a los periodistas el acceso a sus instalaciones, una medida que ha generado una reprobación casi unánime.
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