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Punta Cana.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) puso en entredicho en su reporte anual ciertas propuestas legislativas en la República Dominicana, advirtiendo un potencial menoscabo a la libertad de prensa.
La SIP, que finaliza este domingo su 81ª Asamblea General en Punta Cana, al este de la República Dominicana, hizo mención específica del Proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, presentado inicialmente con el consenso previo de entidades como la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), y que generó un intenso debate a nivel nacional.
El Poder Ejecutivo remitió al Senado dicho proyecto, el cual contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), concebido como un organismo regulador y supervisor de contenidos difundidos en redes sociales y sitios de noticias, con el objetivo primordial de resguardar la privacidad y la dignidad de los ciudadanos.
No obstante, la propuesta, cuyo desarrollo tomó dos años a una comisión designada por el presidente Luis Abinader, ha provocado severas críticas de sectores políticos, asociaciones profesionales y comunicadores independientes. Estos críticos alertan que el Inacom, aunque diseñado como entidad autónoma, “posee la capacidad de exceder sus atribuciones y transformarse en una herramienta de control gubernamental o censura”, según denunció la SIP.
Por otro lado, el Gobierno, los principales medios de comunicación, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y destacados profesionales del periodismo respaldan la iniciativa, sosteniendo que esta garantiza la libertad de expresión sin censura previa y consagra el derecho fundamental a la crítica pública.
En su documento, la organización también señaló un palpable aumento en el secretismo gubernamental, reportado por los periodistas.
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Se menciona, a modo de ejemplo, que el acceso al Palacio Nacional, que antes se concedía simplemente mostrando una credencial de prensa verificada, ahora exige la presentación de solicitudes con una antelación que puede llegar hasta una semana.
Los reporteros denuncian que se les dificulta entrevistar libremente a los funcionarios y que el personal de seguridad se ha tornado más enérgico y restrictivo durante las ruedas de prensa.
Asimismo, la SIP abordó el caso del ‘Listín Diario’, el periódico más antiguo del país, que en mayo pasado denunció un acto de censura externa: la compañía estadounidense Network Solutions les dio un ultimátum de 48 horas para retirar una noticia sobre el caso de corrupción de Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo de un exministro, bajo la amenaza de interrumpir sus servicios digitales.
El medio rechazó firmemente la intimidación, rescindió su acuerdo con la empresa y lo hizo público, catalogándolo de flagrante violación a la libertad de expresión y enfatizando la imperiosa necesidad de marcos legales que brinden protección ante la censura indirecta.
Durante este mismo período, el senador oficialista Rafael Duluc introdujo una propuesta legislativa adicional que busca castigar cualquier expresión que promueva el odio, la hostilidad o la discriminación.
“Aunque la meta declarada pueda ser loable, la ambigüedad en la formulación del texto genera la preocupación de que pueda ser utilizada de forma discrecional para acallar las voces críticas y obstaculizar la crucial labor del periodismo de investigación”, advirtió la SIP en su reporte.
El informe también registra la disposición del Ministerio de Cultura de emitir una resolución estableciendo directrices de comportamiento para los medios, a la par que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos impuso una suspensión de 30 días al programa de radio Sin Filtro y al músico Sujeto Oro 24 por el uso de “lenguaje soez y expresiones de naturaleza maliciosa”.
Además, según aseveró la SIP, se registraron diversos incidentes donde la prensa fue objeto de agresiones y restricciones en su ejercicio profesional, perpetradas por escoltas de figuras públicas.
Un suceso destacado, según la SIP, involucró a los guardias de seguridad de la vicepresidenta, Raquel Peña, quien posteriormente ofreció disculpas públicas por lo ocurrido. Otro incidente con características similares afectó al equipo de seguridad de la ministra de Interior, Faride Raful.
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