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WASHINGTON (AP).- Hoy, el gobierno de Trump impuso sanciones al presidente colombiano Gustavo Petro, a su círculo íntimo y a uno de sus colaboradores más cercanos, citando la supuesta implicación en el narcotráfico global. Esta medida eleva dramáticamente la tensión con el líder de izquierda de un país que tradicionalmente ha sido un aliado clave de Estados Unidos en Sudamérica.
El Departamento del Tesoro dirigió las sanciones específicamente contra Petro; su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García; su hijo, Nicolás Fernando Petro Burgos; y el actual ministro del Interior colombiano, Armando Alberto Benedetti.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Petro “ha permitido la prosperidad de los carteles de la droga y se ha negado a frenar esta actividad”. Continuó diciendo que “el presidente Trump está actuando con firmeza para resguardar a nuestra nación y dejar claro que el tráfico de drogas no será tolerado en nuestro suelo”.
Esta acción agrava un conflicto creciente entre el presidente republicano de Estados Unidos y el primer líder de izquierda de Colombia, intensificado particularmente por los ataques letales de Estados Unidos contra buques sospechosos de transportar estupefacientes en aguas sudamericanas.
Esta misma semana, la administración Trump expandió sus operativos antidrogas al Pacífico oriental, una ruta fundamental para el contrabando de gran parte de la cocaína originaria de Colombia y otros importantes productores globales. Como parte de una escalada militar en la región, el Pentágono anunció el viernes que el ejército estadounidense desplegará un portaaviones en aguas cercanas a Sudamérica.
Tras el anuncio de las sanciones, Petro informó haber contratado a un abogado para que lo represente en Estados Unidos.
“Haber combatido con eficacia el narcotráfico por décadas me trae esta respuesta del gobierno de la sociedad a la que tanto ayudamos a mitigar el consumo de cocaína”, escribió Petro en la red social X. “Es una paradoja, pero ni un paso atrás, ni de rodillas”.
Las sanciones no resultaron completamente inesperadas, ya que Trump había insinuado recientemente que reduciría la ayuda a Colombia y aplicaría aranceles a sus exportaciones. En los últimos días, se refirió a Petro en redes sociales como “un capo de las drogas ilegales”.
“Es un tipo que produce muchas drogas”, comentó Trump a los periodistas en el Despacho Oval el miércoles. “Será mejor que se ande con cuidado, o tomaremos medidas muy severas contra él y su país”.
El mes pasado, por primera vez en casi tres décadas, Estados Unidos incluyó a Colombia —el principal beneficiario de asistencia estadounidense en la región— en una lista de naciones que no colaboran adecuadamente en la lucha antidrogas.
Después de que Trump lo señalara por tener vínculos con el narcotráfico, Petro declaró el miércoles que recurriría al sistema judicial estadounidense para defender su honor.
“Ante las calumnias que altos funcionarios han lanzado contra mi persona en territorio americano, me defenderé legalmente con abogados estadounidenses en los tribunales de Estados Unidos”, escribió Petro en X, sin nombrar directamente a Trump, pero haciendo referencia a un artículo periodístico sobre sus declaraciones.
Un día antes, la política antidrogas de Petro fue el tema central de una reunión que mantuvo con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John T. McNamara. McNamara también se reunió el jueves con la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy.
Petro ha defendido consistentemente su estrategia, la cual se distancia de un enfoque puramente represivo. Su política prioriza alcanzar acuerdos con los cultivadores de hoja de coca (la materia prima de la cocaína) para motivarlos a cambiar a cultivos alternativos, al mismo tiempo que persigue a los principales líderes del narcotráfico y combate el lavado de dinero. Ha aseverado que su gobierno ha logrado incautaciones récord de cocaína y ha puesto en duda las estadísticas de la ONU que indican niveles máximos de cultivo y producción.
De acuerdo con el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el área dedicada al cultivo de coca se ha triplicado en la última década, alcanzando un máximo de 253 mil hectáreas en 2023. Esta extensión equivale, aproximadamente, a tres veces el tamaño de la ciudad de Nueva York.
La administración Trump ha intensificado el uso de buques y aeronaves militares en América Latina para interceptar a traficantes acusados de llevar drogas hacia Estados Unidos. Petro ha reaccionado a estos ataques que han cobrado la vida de al menos 43 personas desde que comenzaron el mes pasado; los dos últimos incidentes se dirigieron contra embarcaciones en el Pacífico oriental, donde Colombia posee una extensa costa.
Petro ha tenido varios encontronazos con Trump a lo largo de este año. Inicialmente, rechazó la autorización para vuelos militares estadounidenses que transportaban migrantes deportados, lo que llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles. Posteriormente, el Departamento de Estado anunció la revocación de la visa de Petro cuando este planeaba asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, debido a que el presidente colombiano había instado a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes de Trump.
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