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Diversos legisladores de agrupaciones políticas contrarias al oficialismo reaccionaron este martes a las manifestaciones del mandatario Luis Abinader, al no descartar la posibilidad de solicitar al Parlamento Nacional declarar un estado de excepción en la nación.
El diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación (PLD), opina que el Poder Ejecutivo buscaría establecer un régimen excepcional para efectuar compras públicas, eludiendo los trámites habituales de la Ley de Contrataciones Estatales.
“No es precisa una declaración de emergencia, lo que persiguen es adquirir de forma directa, evadir controles, hacerlo de forma turbia y sin transparencia, para eso lo desean”, aseveró durante una entrevista en el Congreso Nacional.
Mariotti recordó que el Gobierno no precisó de este mecanismo constitucional la semana anterior para afrontar las consecuencias de la tormenta tropical Melissa, por lo cual considera que no es una necesidad en estos momentos.
“Melissa está por llegar a Jamaica. La semana pasada no tuvimos estado de emergencia y nos manejamos con total normalidad…”, manifestó.
El congresista señaló que la “contingencia” observada en el territorio nacional se debe a la carencia de previsión del aparato gubernamental liderado por el jefe de Estado Abinader.
“Esa es la urgencia que presentan, que no saben cómo prever y carecen de cohesión en la forma de ejecutar el gasto público”, aseveró.
Por otra parte, el diputado Carlos de Pérez considera que la proclamación de emergencia funcionaría para el mandatario como “la excusa principal” para solicitar financiamiento internacional.
“Esta era una ocasión inmejorable para que el presidente Luis Abinader presentara al Congreso Nacional nuevas deudas, que es en lo único en que esta administración ha sido prolífica”, precisó De Pérez, miembro del grupo de la Fuerza del Pueblo (FP).
De igual forma, el diputado Ramón Raposo aclaró que no apoyará la propuesta, de ser enviada por el presidente, si los fondos presupuestarios de las entidades gubernamentales fuesen destinados a “satisfacer intereses privados”.
“No queremos darle carta blanca al Gobierno para que cubra intereses de particulares, como se ha hecho continuamente, con los recursos del erario”, comentó Raposo, quien formaba parte de las filas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
El parlamentario subrayó que cualquier planteamiento debe someterse en el órgano legislativo a un “riguroso escrutinio” para determinar la índole real de los fondos económicos empleados.
Sin embargo, tanto Pérez como Raposo coincidieron en que, “si se menciona un estado de emergencia, debe ser” para asistir a las familias damnificadas por las lluvias del evento meteorológico.
Entretanto, senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como Moisés Ayala y María Ortíz han manifestado su disposición a respaldar tal estado extraordinario.
“He delegado a todos los ministerios competentes la realización de una valoración completa de los daños. Con esos informes tomaremos la resolución sobre si es imprescindible decretar un estado de emergencia nacional”, recogieron los medios de comunicación ayer al replicar las declaraciones del mandatario efectuadas en La Semanal.
A su vez, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, ratificó esta tarde que es el presidente Abinader quien deberá resolver si la nación requiere un estado de excepción.
Pese a ello, es el Congreso Nacional el cuerpo facultado para autorizar tal requerimiento, según declaró a periodistas de este medio.
“Se entienden como estados de excepción aquellas circunstancias singulares que afectan de manera severa la seguridad de la patria, de las instituciones y de los ciudadanos, ante las cuales las atribuciones ordinarias resultan insuficientes”, dicta el artículo 262 de la Carta Magna.
El estado de emergencia es una modalidad de estado de excepción que puede habilitarse cuando surgen sucesos “que alteren o pongan en riesgo inminente y grave el equilibrio económico, social, ambiental del país, o que configuren un desastre público”.
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