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Lima.- La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, manifestó este viernes que no tiene intención de solicitar asilo ni de abandonar el país después de haber sido destituida el jueves por el Congreso. Además, afirmó que no es “responsable de ninguno” de los casos que la están investigando la Fiscalía.
“Desde ayer (jueves) y desde esta mañana se ha difundido a través de los medios que habría buscado asilo o estaría fuera del país; nada de eso es cierto, me encuentro en mi casa”, declaró. La expresidenta, acompañada por su abogado Juan Carlos Portugal, indicó que llegó a su domicilio alrededor de las 3 a.m. de este viernes y que después descansó.
“Ni siquiera lo pienso, ni es mi sentir patriótico, abandonar el país”, reiteró, asegurando que está “tranquila” con su “conciencia”.
Durante la noche del jueves, cuando se supo que la mandataria sería removida por el Congreso, surgieron rumores de que podría intentar refugiarse en embajadas de naciones como Argentina, Brasil o Ecuador; el abogado Portugal desmintió esas especulaciones al instante.
Aun así, decenas de manifestantes se congregaron frente a la Embajada de Ecuador en Lima para protestar contra Boluarte y tratar de impedir un posible acceso de la ahora exgobernante a esa sede diplomática.
Este viernes, el Poder Judicial peruano anunció que el próximo miércoles analizará una solicitud presentada por la Fiscalía para prohibir que Boluarte salga del territorio nacional hasta por tres años, mientras se le investiga por presuntos actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. El fiscal general, Tomás Gálvez, incluyó la petición dentro de al menos once procesos investigativos que enfrenta la destituida mandataria.
Al respecto, Boluarte rechazó la atribución de responsabilidad en las acusaciones y reiteró su decisión de permanecer en el país. “Los casos que están bajo investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno”, sostuvo, para confirmar que se mantiene serena y que continuará “permanentemente en el país”.
La Fiscalía ha solicitado que se le impongan 18 meses de restricción de salida como medida cautelar en la investigación por una presunta negociación incompatible y uso indebido de su cargo. Además, pidió una prohibición de 36 meses relacionada con una supuesta maniobra de lavado de dinero destinada a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre, con quien Boluarte y Castillo lograron la victoria electoral en 2021.
Entre los cargos más graves que se le imputan a la exmandataria figura la muerte de al menos 49 personas durante la represión de protestas que se desencadenaron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, después de que Boluarte asumiera la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, en medio de un fallido intento de golpe de Estado.
También se le investiga por supuestamente haber recibido lujos como relojes Rolex y joyas no declaradas, no haber informado que estaría impedida físicamente para ejercer el cargo tras someterse a varias cirugías estéticas, y por presunta falsificación de firmas en varios decretos durante su convalecencia.
Boluarte, la primera mujer en ocupar la presidencia de Perú, fue removida en la madrugada de este viernes de forma exprés por el Congreso, tras perder el apoyo de los partidos de derecha que la respaldaban, en medio de una profunda impopularidad —según diversas encuestas, su nivel de aceptación rondaba apenas el 3 %— y con la vista puesta en las elecciones generales convocadas para abril de 2026.
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