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La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, en una foto de archivo. EFE/John Reyes
Lima, 10 oct (EFE). — El jueves, la presidenta peruana, Dina Boluarte, fue removida de forma brusca, sin que nadie lo hubiera anticipado al iniciar la jornada; hasta ese momento ningún partido había expresado su intención de desplazarla del poder, tras casi tres años al frente apoyada por un bloque de fuerzas conservadoras que dominan el Congreso.
Todo apuntaba a que Boluarte culminaría su mandato hasta las elecciones generales de 2026, gracias al vínculo que había construido con las mayorías parlamentarias, pero ese acuerdo se quebró de golpe a medida que se acercaban los comicios y los grupos que la respaldaban prefirieron no contagiarles su gran impopularidad.
**1.- Presidenta sin autonomía**
Boluarte asumió la Presidencia de Perú en diciembre de 2022, sucediendo al izquierdista Pedro Castillo (2021‑2022), tras el fallido intento de autogolpe que el mandatario había orquestado para evitar una posible destitución por parte del Congreso, una vez que salieron a la luz numerosos indicios de presunta corrupción en su gestión.
Desde entonces, Boluarte, quien había ingresado al Gobierno bajo la bandera de un proyecto de izquierda radical liderado por Castillo, optó por aliarse con las fuerzas de derecha que controlan el poder legislativo y que habían presionado con dureza a Castillo durante su gobierno.
En vez de convocar a nuevas elecciones, como exigían las masivas protestas que se sucedieron después de la detención y encarcelamiento de Castillo —manifestaciones que fueron severamente reprimidas y cobraron más de 50 víctimas—, Boluarte anunció su intención de concluir su mandato el 28 de julio de 2026. Con el respaldo de estos partidos, evitó seis mociones previas de destitución.
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**2.- Una aceptación casi nula**
Al acercarse las elecciones de 2026, la enorme impopularidad de Boluarte se volvió un lastre para los partidos que la apoyaban, los cuales poco a poco comenzaron a criticar su gestión y, en ciertos momentos, adoptaron una postura de oposición temporal antes de volver a respaldarla.
Desde hace tiempo, Boluarte apenas cuenta con un respaldo del 3 % entre la población peruana, mientras que el Congreso apenas supera el 5 %, percibidos ambos como una clase política mercantilista interesada en gobernar y legislar para sí mismos, alejada de los intereses ciudadanos.
Los más de 50 muertos en las protestas por la detención y encarcelamiento de Castillo apagaron cualquier popularidad que pudiese haber obtenido una política cuya carrera, hasta las elecciones de 2021, se había centrado en su candidatura a alcaldesa de su municipio.
**3.- Muertes y múltiples investigaciones abiertas**
A ello se sumaron las numerosas investigaciones que la Fiscalía ha iniciado contra ella, como el caso “Rolexgate”, por supuestamente haber recibido relojes de lujo y otros obsequios costosos a cambio de favores, así como por no haber informado de su temporal incapacidad tras someterse a varias cirugías estéticas y por falsificar su firma mientras estaba convaleciente.
A pesar de los múltiples procesos, las fuerzas que dominan el Congreso siempre la protegieron de las denuncias de la Fiscalía; incluso el Tribunal Constitucional emitió una polémica sentencia que restringe las posibilidades del Ministerio Público de investigar a la jefa de Estado.
**4.- Elecciones y crisis de inseguridad**
Todo parecía indicar que el pacto entre Boluarte y grupos como el fujimorismo continuaría hasta las elecciones de 2026, pero los partidos que la sostenían en la Presidencia la dejaron de lado para intentar recuperar algo de popularidad en un Congreso desprestigiado que apenas registra un 5 % de aceptación entre los peruanos.
El detonante que activó el proceso de destitución de Boluarte fue la escalada de la criminalidad a nivel nacional y las nuevas protestas registradas en las últimas semanas en el centro de la capital, Lima, encabezadas por la denominada “Generación Z”, así como una masiva parada de autobuses de transporte urbano que el lunes paralizó la ciudad ante una ola de extorsiones y asesinatos de conductores.
EFE
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