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Con la intención de entorpecer las pesquisas y eliminar las pruebas, los once oficiales acusados de homicidio doloso en La Barranquita, provincia de Santiago, no solo sustrajeron los vídeos de las cámaras de vigilancia de los locales de la zona comercial y de los terrenos donde se cometió el hecho.
De acuerdo con el Ministerio Público, en su petición de medidas de coerción contra los agentes, el 10 de septiembre de 2025, día en que se produjeron los presuntos asesinatos, los uniformados también se hicieron con los teléfonos móviles de civiles que grabaron lo ocurrido.
El escrito señala, adicionalmente, que los encartados Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, Adrián Miguel Villalona Pineda y Álvaro Paredes Panlagúa, adscritos al Departamento de Investigación de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Policía Nacional en Santo Domingo, “se desplazaron a la ciudad de Santiago de los Caballeros para ejecutar una operación vinculada al supuesto caso de tráfico de armas que ese departamento llevaba investigando”.
Una vez en Santiago, se dirigieron a la Subdirección Regional de Investigación de la Policía Nacional en esa urbe, donde se reunieron con los imputados: Hansel Michel Cuevas Carrasco, Sócrates Fidel Feliz Feliz, Hairo Mateo Morillo, César Augusto Martínez Trinidad y José Octavio Jiménez Peña, todos pertenecientes a la Dirección Central de Investigaciones Criminales de Santiago, concretamente en el estacionamiento donde se ubican las oficinas de dicha dirección (Dicrim), para coordinar el “operativo”.
Esta actividad fue comunicada a los testigos como una acción contra una supuesta banda que planeaba un robo. “De lo que quedó a salvo”, aseguraron algunos agentes a varios civiles tras los hechos, según la solicitud del ente acusador.
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