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El ejercicio periodístico en la República Dominicana se ve asediado por una doble contingencia en el ámbito de lo digital. Por un lado, se detecta el ánimo de controlar legalmente los contenidos difundidos en redes sociales y otros entornos digitales mediante iniciativas tales como la propuesta de creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom). Por otra parte, estos mismos espacios *online* son instrumentalizados para llevar a cabo actos de extorsión y chantaje.
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Así lo puso de manifiesto Miguel Franjul, periodista y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información para la República Dominicana de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su informe presentado ante la Asamblea General de dicho organismo, celebrada en Punta Cana.
El reporte señala que el panorama legislativo se ha convertido en el principal foco de preocupación ciudadana, debido a dos propuestas cruciales que, si bien buscan “actualizar” el marco legal, diversos sectores interpretan como potenciales instrumentos de control.
A este respecto, Franjul enfatizó que la idea de establecer el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), pensado como un ente regulador y supervisor de lo que se publica en redes y sitios de noticias, ha provocado severas críticas.
El documento detalla que, aunque el Ejecutivo y sus grupos afines argumentan que la medida salvaguarda el honor y la intimidad sin incurrir en censura previa, los detractores alertan que el Inacom, incluso si se le diseña con independencia formal, podría exceder sus funciones y derivar en censura estatal.
Otro punto de controversia es la iniciativa que busca sancionar cualquier expresión que incite a la hostilidad o la discriminación. Si bien el fin es plausible, se le considera “arriesgada dada la ambigüedad con la que ha sido redactada”.
“Esto podría utilizarse de modo discrecional para sofocar la crítica justificada y el periodismo de investigación dirigido a figuras públicas prominentes”, añade.
Un aspecto central del informe de Franjul es la denuncia sobre un acto de censura con origen extranjero que afectó al *Listín Diario*, uno de los medios con más historia en el país.
En mayo, el periódico *Listín Diario* informó que la empresa norteamericana Network Solutions le había dado un ultimátum de 48 horas para retirar una noticia relativa a un caso de corrupción. La alternativa era la suspensión de sus servicios digitales.
El medio rechazó la intimidación y rescindió el contrato, catalogando el incidente como una conculcación manifiesta de la libertad de expresión.
Este episodio, según Franjul, pone de relieve la vulnerabilidad de los medios ante presiones ejercidas por entidades privadas internacionales, y subraya la imperiosa necesidad de articular mecanismos legales de protección.
**Opacidad y ataques a profesionales de la prensa**
El informe también documenta que, a pesar de las declaraciones gubernamentales que abogan por el respeto a la prensa, persisten incidentes que obstaculizan la labor en el terreno y restringen el acceso a la información:
Se registraron, además, diversas agresiones contra periodistas a manos de los equipos de seguridad de ciertos funcionarios, incluyendo personal de escolta de la vicepresidenta Raquel Peña y la ministra Faride Raful. La vicepresidenta ofreció posteriormente disculpas públicas por el altercado provocado por su personal de seguridad.
Los reporteros han señalado una creciente cerrazón informativa en el Palacio Nacional.
El acceso, que antes se facilitaba con la simple presentación de una credencial de prensa, exige ahora peticiones previas con hasta una semana de antelación, imposibilitando la entrevista libre con los funcionarios.
Como reacción a estas trabas, colectivos de periodistas efectuaron marchas organizadas frente al Palacio Nacional y el Congreso. Portaban pancartas con mensajes como “¡No a la censura! ¡Libertad de prensa!” y demandaban acceso a los archivos públicos, el fin del hostigamiento y que cesaran los actos de represalia.
Franjul concluyó su presentación haciendo hincapié en la inquietud que suscita el uso de medios de comunicación y plataformas digitales para la extorsión y el chantaje, un fenómeno que “enturbia el ambiente en el que se desarrolla el ejercicio del periodismo serio”.
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