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El Ministerio Público ha encuadrado la actuación de los acusados dentro de los tipos penales de Asociación de Malhechores y Homicidio Voluntario.
El MP solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso para once funcionarios de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim) de la Policía Nacional, imputados de haber participado en la supuesta ejecución planeada de cinco hombres en una plaza de Santiago el 10 de septiembre de 2025.
En su petición de medida cautelar, el Ministerio Público sostiene que la gravedad del delito y el alto rango de los acusados exigen el máximo tiempo de investigación.
Según el relato fáctico del MP, el 10 de septiembre de 2025 el mayor Álvaro Paredes Paniagua, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el subteniente Domingo De Los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnación y Geyser Francisco Álvarez Rodríguez, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, todos adscritos al Departamento de Investigación de Crimen Organizado y Casos Complejos de la Policía Nacional, se desplazaron a Santiago para ejecutar un presunto operativo vinculado a un caso de tráfico de armas bajo investigación.
Las cámaras de seguridad del 911 registraron que, aproximadamente a las 14:21 del 10 de septiembre de 2025, los acusados estacionaron sus vehículos cerca de la Avenida Olímpica.
A las 14:22 llegó el coche conducido por Carlos Enrique Guzmán Navarro y, a las 14:23, el vehículo de José Vladimir Valerio Estévez, quien se reunió con otras personas a bordo de un Mazda.
Las víctimas ingresaron al estacionamiento de la plaza alrededor de las 14:26. Inmediatamente, los imputados avanzaron, se posicionaron frente a la entrada, descendieron de sus autos y perforaron a balazos a Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez y José Vladimir Valerio Estévez, quienes fallecieron por múltiples proyectiles de fuego. El cabo Yohandy Encarnación resultó herido durante el hecho.
Tras ejecutar los disparos, los once acusados, identificados con sus nombres completos, sustrajeron los DVR de los comercios del lugar, así como varios teléfonos móviles de diferentes personas presentes.
Adicionalmente, el testigo Ramón Emilio Abreu Corona, dueño del establecimiento Tecnopolis, recibió numerosas llamadas por WhatsApp de agentes de la Policía Nacional, que lo instaban a acudir y reabrir su negocio, que estaba cerrado.
Al llegar, el señor Abreu Corona observó los cadáveres en el estacionamiento y, tras abrir su local bajo la exigencia de los policías, varios agentes ingresaron, le comunicaron que habían prevenido un atraco y se llevaron el DVR del comercio.
Posteriormente, la fiscal Cristina Ramírez, acompañada de la Unidad de Procesamiento de la Escena del Crimen (Policía Científica) de Santiago, dirigida por el cabo Luis Ramón Marte Duarte, efectuó el levantamiento de los cuerpos y el trabajo de campo.
El equipo recogió numerosas evidencias relevantes para la investigación, entre ellas un revólver Taurus calibre .38, una pistola Browning calibre 9 mm, una Glock calibre .45, un fusil calibre 5.56 y una mini Uzi calibre 9 mm, hallados en parte dentro de los vehículos de las víctimas.
En la escena también se colectaron casquillos de calibres 9 mm, 5.56 mm y .45 mm, y en un automotor se tomaron muestras de residuo de pólvora (absorción atómica). El 24 de septiembre de 2025 el MP recuperó otro proyectil fragmentado en el callejón lateral.
Los informes de Autopsia Judicial Definitiva, emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el 25 de septiembre de 2025, confirmaron que la causa de muerte de las cinco víctimas – Edward Bernardo Peña Rodríguez, José Vladimir Valerio Estévez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Elvis Antonio Jiménez Rodríguez y Julio Alberto Gómez – fue por heridas de proyectil de arma de fuego.
Los dictámenes médico-legales determinaron la etiología como homicida, señalando que el mecanismo de muerte se debió a un shock hemorrágico de rápida progresión.
Asimismo, se indica que se recuperaron balas durante las autopsias realizadas a Carlos Enrique Guzmán Navarro, Julio Alberto Gómez y Edward Bernardo Peña Rodríguez.
El Ministerio Público ha enmarcado la conducta de los imputados en los tipos penales de Asociación de Malhechores y Homicidio Voluntario, conforme a lo dispuesto en los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
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