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En la red de corrupción conocida como “Camaleón”, la Fiscalía imputó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y al Ministerio de Defensa (MIDE) por el mal uso de sistemas de videovigilancia, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y la información estatal. La querella formal, interpuesta por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ante la jueza coordinadora de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, detalla que el Intrant concedió, a través de acuerdos y contratos irregulares, acceso preferente a plataformas cruciales a las compañías Dekolor S.R.L., Pago RD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L.
Dichos accesos fueron supuestamente utilizados para alterar y sustraer fondos públicos, encubrir actividades ilegales y blanquear capitales, amenazando la seguridad tecnológica e institucional del Estado.
En cuanto al Ministerio de Defensa, se constató que, mediante un convenio con la firma Aurix S.A.S., se facilitó ingreso no autorizado a redes de videovigilancia y control enlazadas, empleadas como herramientas de espionaje y ocultamiento de patrimonio, contraviniendo normas de reserva y seguridad nacional. El Ministerio Público identificó como nexo común a José Ángel Gómez Canaán (Jochy), quien, a través de interpósitas personas, mantiene vínculos corporativos con las empresas involucradas. De acuerdo con la acusación, Gómez lideró una estructura delictiva enfocada en el fraude estatal, lavado de activos, sabotaje técnico y apropiación indebida de dineros públicos, asegurando el dominio sobre infraestructuras esenciales del Gobierno.
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Entre las anomalías se incluye el manejo operativo del sistema de semáforos, responsabilidad de un individuo con historial de utilización indebida de datos gubernamentales, la relación de confianza entre Gómez y Hugo Beras, exdirector del Intrant, y la firma de un pacto ilegal con el Ministerio de Defensa en 2020, que permitió acceder a información sensible e introducir tecnología de uso militar de manera irregular.
Asimismo, se documenta el montaje de equipos bajo fachada de entidades públicas, alteración de informes técnicos y el disimulo de faltas en los procedimientos de licitación.
Además de Gómez Canaán, están señalados Hugo Beras, acusado de liderar y avalar contratos viciados y de concertar con funcionarios para favorecer a empresas testaferras; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología.
También figuran Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Administrativo y Financiero; Pedro Vinicio Padovani Báez, exresponsable del Centro de Control de Tráfico y supuesto testaferro de Gómez; Carlos José Peguero Vargas, responsable técnico de la red de vigilancia; Mariano Gustini Ponce y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, y Henry Darío Féliz Casso, asistente personal de Gómez.
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