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Durante los últimos 25 años, el tráfico de drogas ha hallado en el ámbito político un terreno propicio donde desenvolverse con cierta holgura. Individuos ligados a redes internacionales de narcotráfico o al blanqueo de capitales han visto en las organizaciones políticas un parapeto, una plataforma desde la cual resguardarse o, en muchos casos, “legitimar” bienes mal habidos bajo el manto del poder.
Hoy en día, las más recientes imputaciones por parte de las autoridades estadounidenses sitúan nuevamente este asunto en el núcleo del debate ciudadano. Las acusaciones dirigidas a diputados, regidores, funcionarios y asesores del actual gobierno han servido de material para que la oposición, en particular el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), tilden de “narcopartido” al Partido Revolucionario Moderno (PRM).
No obstante, esta posición resulta, como mínimo, cómoda y conveniente para aquellos que hoy emiten críticas desde fuera, pero que antes se mantuvieron en silencio o incluso ampararon a figuras con lazos probados con el narcotráfico. La historia reciente del país demuestra que, durante las gestiones de los partidos que actualmente están en la oposición, también hubo congresistas, alcaldes y líderes partidarios investigados o incluso sentenciados por crímenes similares.
El tono moralizante de ciertos actores políticos choca con su propio historial. Muchos de los que ahora alzan la voz para demandar transparencia y sanciones nunca mostraron la determinación política para encarar con firmeza este problema cuando ostentaban el control del Estado. Por el contrario, en aquel momento, el poder fue utilizado en numerosas ocasiones para ocultar, retrasar o anular pesquisas que afectaban a sus allegados.
A pesar de ello, existe una distinción significativa con el pasado. A diferencia de administraciones anteriores, los señalados por narcotráfico en la gestión actual no gozan de protección. Las autoridades han cooperado abiertamente con entidades internacionales, como la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y los funcionarios o personas cercanas al poder acusadas de delitos graves han sido destituidas o puestas a disposición de la justicia sin vacilaciones.
Esto no implica que el PRM esté libre de responsabilidad política, ni que la problemática esté resuelta. Pero sí marca un hito en la forma en que el poder aborda un tema históricamente cubierto de silencio y complicidad.
Mientras tanto, la oposición debería asumir su parte de responsabilidad y reconocer que los casos que hoy generan indignación en la opinión pública no surgieron de la nada. Muchos de los implicados en procesos actuales iniciaron sus actividades ilícitas hace más de una década, cuando el oficialismo de entonces —hoy oposición— tenía bajo su égida los organismos de investigación, el sistema judicial y la administración pública.
La realidad es que el narcotráfico no entiende de colores partidarios. Ha logrado penetrar en todos los ámbitos, explotando las deficiencias institucionales, la falta de supervisión en el financiamiento político y el silencio cómplice de las élites partidarias. Lo que se observa hoy en el PRM no es un fenómeno novedoso, sino la consecuencia de décadas de tolerancia, impunidad y ausencia de voluntad política para sanear las estructuras del poder.
Si algo evidencia esta coyuntura, es que ninguna formación política ha estado totalmente ajena al narcotráfico. Pero también revela que la sociedad dominicana está menos dispuesta que antes a aceptar la impunidad. La confrontación contra el crimen organizado no debe ser un arma electoral; tiene que ser una política de Estado, sostenida en el tiempo, sin privilegios ni excepciones.
El verdadero cambio no provendrá de declaraciones moralistas, sino de acciones coherentes y constantes. De no ser así, seguiremos asistiendo a cómo los políticos se culpan mutuamente de tener nexos con el narcotráfico, mientras el problema sigue expandiéndose a la sombra de su hipocresía.
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