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Aunque la administración estadounidense se empeña en ofrecer un trato favorable a las autoridades dominicanas al evaluar su política de prevención, detección y castigo de casos de explotación laboral, migratoria y sexual, sostiene que la corrupción y la connivencia gubernamental en tales tipos de infracciones continuaron siendo significativas.
El reporte señala situaciones de favoritismo en los procedimientos de reclutamiento de personal para cargos vinculados a la confrontación de la trata de personas, donde fueron contratadas personas sin la pericia necesaria, y asimismo alude a la destitución de empleados de Migración por admitir sobornos y amedrentar a las personas afectadas.
La trata de individuos, junto al tráfico de drogas, el terrorismo y el blanqueo de capitales, representan actos criminales ante los cuales las naciones eliminan límites legales para favorecer la colaboración en la identificación y captura de aquellos que incurren en dichos actos ilegales, aunque no existe una norma internacional que faculte a un país a evaluar la actuación de otros en estas circunstancias.
No obstante, la gestión dominicana se ve obligada a considerar las críticas y puntualizaciones presentes en dicho informe, todas las cuales deberían ser replicadas dentro del marco del sistema legal interno y bajo la protección del irrefutable principio de soberanía nacional.
Además de mencionar incidentes de pagos ilícitos, intimidación, divulgación de datos y detención ilegal de migrantes, en el informe también se mencionan actividades de agrupaciones de tráfico sexual y de manera particular la participación de un suboficial de la Policía que facilitó el ingreso de víctimas de trata con fines sexuales.
El gobierno de la República Dominicana concede autoridad a Estados Unidos para indagar, enjuiciar y deliberar acerca de su desenvolvimiento en la persecución de delitos de trata humana, al comunicar a Washington sobre la investigación emprendida contra ocho empleados públicos supuestamente implicados en un caso de red de explotación sexual y otras transgresiones relacionadas, evento que fue incorporado en el informe del Departamento de Estado.
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