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Miami. — El Congreso mexicano dio luz verde, en la madrugada del 15 de octubre, a una reforma de la Ley de Amparo que vuelve más rígidos los requisitos para acceder a este mecanismo de defensa constitucional… y la inquietud ha escalado en los Estados Unidos.
El momento en que se efectúa esta modificación es particularmente delicado, puesto que en 2026 está prevista la primera revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte de las naciones signatarias, y las tensiones generadas por el tema del amparo podrían infiltrarse en la agenda bilateral. Voceros gubernamentales estadounidenses ya han dejado claro que expondrán sus inquietudes a través de los canales diplomáticos y comerciales pertinentes.
La US Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de EE. UU.) recalcó su expectativa de que México mantenga unas condiciones favorables a la inversión.
[Se omite nota de “Lee también”]Incluso antes de su aprobación final, durante un simposio llevado a cabo en septiembre pasado, Susan Clark, presidenta de la US Chamber, rememoró que el buen curso de la colaboración económica entre ambos países se cimenta en la solidez jurídica.
“De cara al futuro, tan esencial resulta que México y Estados Unidos reafirmen sin ambages los principios compartidos de libre mercado, Estado de derecho y democracia, que son la base de nuestra prosperidad mutua”, apuntó, y agregó que abrazar estos valores no es solo una cuestión de principios, sino de buena praxis política.
Para la US Chamber, la enmienda al amparo no es un tema trivial ni una mera cuestión técnica; golpea el núcleo de la confianza que las empresas necesitan para poner en juego su capital, razón por la cual el organismo se ha puesto a disposición para dialogar al más alto escalafón y buscar una corrección de rumbo.
[Se omite nota de “Lee también”]En México, la American Chamber of Commerce (AmCham), que agrupa a más de 1,400 compañías con capital estadounidense establecidas en el territorio, también adoptó una postura pública rotunda; la AmCham alertó que modificaciones como la del amparo ponen en entredicho la predictibilidad jurídica y la independencia del aparato judicial, factores que considera imprescindibles para mantener la inyección de capital en México.
“Como empresas que invierten en México y que hemos generado millones de puestos de trabajo a lo largo de décadas, percibimos en la reforma judicial riesgos para la autonomía del poder judicial… un alza en los costos operativos, un descenso en la eficacia del sistema de justicia y una siembra de incertidumbre para el capital”, manifestó la AmCham en un comunicado oficial.
El colectivo empresarial binacional ha insistido en las obligaciones internacionales que México debe secundar. Recordó que en el Anexo 23-A del T-MEC México prometió establecer tribunales laborales soberanos, y que el Capítulo 31 del mismo pacto establece los procedimientos para la resolución de disputas comerciales.
[Se omite nota de “Lee también”]“Los empresarios norteamericanos establecidos en México temen que la reforma al amparo menoscabe estas salvaguardas, complicando la defensa legal de sus activos”, comentó a EL UNIVERSAL el economista Iván Jiménez. “Que múltiples voces coincidan en señalar un riesgo no es fortuito, sino el reflejo de experiencias paralelas”, apuntó la AmCham México, instando a las autoridades a prestar oído a la multitud de advertencias y a “valorar con sumo cuidado el alcance de las potenciales secuelas” antes de ejecutar plenamente la reforma; “una petición que no encontró eco en los círculos del poder mexicano”, según Jiménez.
La agencia Fitch Ratings advirtió que la reforma “podría elevar el riesgo regulatorio” en México, al cercenar la capacidad de los jueces para suspender acciones administrativas y limitar los mecanismos de protección disponibles. Fitch especificó que los cambios tendrían un impacto en un amplio abanico de sectores económicos, restando previsibilidad a las empresas que operan gracias a concesiones y permisos estatales.
La evaluadora de riesgo crediticio incluso anticipa consecuencias negativas en la calificación crediticia de algunas corporaciones, como consecuencia de la acentuada incertidumbre legal que deberán manejar.
[Se omite nota de “Lee también”]La titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, desestimó la alerta y afirmó que “la equivocación es de ellos. Hay que explicarles bien. Le pediré al secretario de Hacienda [Édgar Amador] que invite un día al ministro cuando se reúna con las calificadoras, para que se les pueda detallar que no existe ningún inconveniente para la inversión”.
La reforma a la Ley de Amparo se añade, además, a otras iniciativas que también han desatado recelo en la Unión Americana.
Meses atrás, un amplio grupo de legisladores, tanto demócratas como republicanos, presentó en la Cámara de Representantes la resolución H.Res.454, “expresando profunda preocupación” por las reformas constitucionales y leyes secundarias que México impulsaba en el ámbito judicial. Dicha resolución prevenía que estos cambios “provocarían un impacto negativo prolongado en el diseño democrático de México y podrían contravenir acuerdos del T-MEC, poniendo en peligro intereses económicos y de seguridad cruciales que compartimos” entre las dos naciones.
En el Capitolio “se observa con inquietud que la mengua de contrapesos legales en México debilite los cimientos de la integración económica norteamericana lograda con el pacto de libre comercio”, confirmó Jiménez.
[Se omite nota de “Lee también”]Líderes destacados de esta acción bipartidista no han escatimado en críticas. La congresista María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, ratificó a este periódico que “las reformas que propone el actual gobierno – de Morena – amenazan con devolver a México a los tiempos del partido hegemónico”, en referencia a un posible repliegue autoritario. “México es un aliado y un socio fundamental para Estados Unidos, y tenemos la obligación de asegurar la independencia del Poder Judicial mexicano frente a arremetidas populistas”, había expresado Salazar con anterioridad, enfatizando que la integridad de las instituciones de justicia es un asunto diplomático de primer orden.
En sintonía, el congresista Greg Stanton, representante de Arizona, advirtió que la reforma judicial mexicana “pone en riesgo nuestros intereses económicos y de seguridad conjuntos”, sobre todo debido a las posibles transgresiones a los compromisos adquiridos bajo el T-MEC. Stanton, quien encabezó un grupo bipartidista centrado en México, subrayó ante sus homólogos que cambios de tamaña magnitud podrían echar por tierra años de colaboración en materia de comercio y en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Su postura evidencia la preocupación de muchos en Washington que opinan como él: “un México con un sistema de justicia debilitado sería un socio menos confiable tanto para la realización de negocios bajo reglas claras, como para la coordinación de estrategias de seguridad regional”.
La diplomacia estadounidense también ha hecho propias estas preocupaciones. Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, hizo hincapié ante el Congreso de EE. UU. en que “la transparencia judicial resulta vital para todos los inversionistas, sean mexicanos o internacionales, en particular los de Estados Unidos y Canadá como socios dentro del T-MEC”.
[Se omite nota de “Lee también”]Nichols aseguró que, sin importar el cariz que adopte el futuro marco legal en México, Estados Unidos “mantendrá su firmeza” para que se respeten las cláusulas de salvaguarda de la inversión foránea contempladas en el acuerdo comercial.
Dichas declaraciones públicas, algo inusual en un funcionario diplomático al referirse a una ley interna de otra nación, “ponen de manifiesto el grado en que la reforma a la Ley de Amparo en México ha prendido las alarmas en el Departamento de Estado, al considerarla potencialmente lesiva para los derechos de los inversionistas estadounidenses asegurados mediante pactos internacionales”, concluyó Jiménez.
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