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En el puerto de Haina, según afirman los comerciantes, al igual que sucede en Caucedo, algunas compañías navieras han elevado el costo por la permanencia de los contenedores en el muelle, pasando de un rango de US$90 a US$95 a alrededor de US$130 diarios.
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La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) llevará a cabo una investigación sobre el incremento exorbitante que las navieras de Despacho Portuario Hispaniola (DPH) están aplicando en el puerto de Río Haina. El objetivo es determinar la magnitud de esta situación y el impacto que estos aumentos de costes tienen en el precio final de las mercancías y en la sana competencia entre empresas.
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Esta acción se produce a raíz de una publicación en este medio, que pone de manifiesto la existencia de operaciones “casi monopolizadas”, dado que diversas empresas han implementado estos aumentos. Agentes aduanales señalan que estas compañías justifican la subida alegando una indexación por el alza del dólar y la inflación, si bien este tipo de ajuste, según ellos, se ha venido realizando ya todos los años.
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No obstante, los comerciantes importadores se sienten seriamente perjudicados por las recientes alzas en ambos puertos, Haina y Caucedo, calificándolas de desmedidas. La empresa DPH es, de hecho, propiedad del sector naviero.
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**Abrirán una investigación**
La directora de Pro-Competencia, María Elena Vásquez Taveras, explicó al respecto que, si bien la institución no ha recibido aún denuncias formales sobre este caso particular, la entidad tiene como práctica actuar en cualquier situación donde pueda haber indicios de competencia desleal, prácticas que atenten contra la libre competencia, concentraciones indebidas de mercado o colusiones. Una colusión ocurre cuando las empresas se conciertan para fijar precios o repartirse licitaciones, manipulando así el mercado y restringiendo la competencia.
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Vásquez Taveras precisó que el sector del transporte siempre ha estado bajo la vigilancia de Pro-Competencia. Recordó que un estudio llevado a cabo en 2016 sobre el transporte identificó graves fallas de mercado y culminó con la emisión de varias recomendaciones.
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“Hemos tomado nota de esta queja para remitirla a la dirección ejecutiva a fin de que proceda con las pesquisas correspondientes”, indicó, aclarando que, a pesar de tratarse de un área regulada, la acción de Pro-Competencia es pertinente.
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La institución sigue de cerca las informaciones publicadas en los medios de comunicación y cuenta con un observatorio para tal fin. Sin embargo, recalcan la importancia capital de la denuncia formal, ya que las partes afectadas poseen la información crucial para las investigaciones, permitiendo a la entidad aplicar las medidas de justicia necesarias.
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Señaló que, en los sectores regulados, las leyes sectoriales definen y establecen sanciones para las conductas anticompetitivas, dejando las acciones a aplicar en manos del regulador específico. Pero, en aquellos casos donde la ley sectorial no especifica ni la conducta ni una sanción particular, Pro-Competencia tiene la potestad de sancionar y actuar.
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Indicó que, en asuntos de orden público y bajo los principios de unidad y ordenamiento, el Consejo Directivo de Pro-Competencia asume el caso y encarga a la dirección ejecutiva la realización de las investigaciones. “Y, si se hallan pruebas o indicios, se somete el asunto al Consejo Directivo”.
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El Consejo Directivo de Pro-Competencia opera como un tribunal administrativo sancionador, donde se celebran audiencias y se presentan las evidencias.
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“Es vital que la ciudadanía, que los involucrados, que todos los agentes económicos conozcan la función de Pro-Competencia y sepan cómo se denuncian las prácticas anticompetitivas, además de cómo identificarlas, para que podamos llevar a cabo nuestra labor”, argumentó la funcionaria.
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Sostuvo que Pro-Competencia es el principal aliado de aquel que produce, compra y vende de manera honesta en la República Dominicana. En cambio, quien actúe en violación de la ley se encontrará con una barrera, puesto que el trabajo de esta entidad se centra justamente en asegurar que los mercados operen bajo principios de competencia.
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La entidad celebrará la próxima semana la “Semana de la Competencia”, con diversas actividades y la participación de expertos tanto nacionales como internacionales. Durante esta jornada, se lanzará una aplicación (APP) que facilitará la presentación de denuncias. Además, se está trabajando en un proyecto de modificación de la Ley 42-08, de Defensa de la Competencia, que entre otras mejoras, permitirá la presentación de denuncias anónimas.
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Los monopolios y oligopolios a menudo operan de forma similar a un cártel, donde las compañías se coordinan para fijar tarifas o establecer planes de precios que, aunque benefician a las empresas, tienen un impacto negativo directo en los consumidores, cayendo así en la ilegalidad por sus acciones anticompetitivas.
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Comerciantes e importadores de mercancías aseguran que hay un numeroso grupo de navieras aplicando un precio elevado y concertado, casi como un monopolio. Esto, además de generar una competencia desleal en el mercado, provocará que dichos costes sean trasladados al precio de las mercancías, llevando a incrementos que podrían frustrar los esfuerzos de las autoridades por mantener la inflación controlada.
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A este respecto, Iván de Jesús García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), lamentó que, a pesar de la agilidad que se ha logrado en la desaduanización de las mercancías en las aduanas dominicanas, la compañía DPH siga operando.
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En el país, existen cuatro compañías dedicadas al cobro por el tiempo de permanencia de los contenedores en puerto (Veconinter, Portcollet, FDA-Facilitadora del Atlántico y DPH). Sin embargo, García afirmó que el problema más grave no es este, sino el “depósito de garantía” que estas empresas, en particular DPH, exigen a los clientes. Esta práctica, según indica el Consejo de Cooperación Aduanera (actualmente Organización Mundial del Comercio – OMA), contraviene el artículo 6 del Convenio Aduanero sobre Contenedores, el cual regula el procedimiento de admisión temporal.
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DPH gestiona el tiempo que los contenedores permanecen con los clientes. Lo que se conoce es que cada línea naviera fija el precio en sus tarifas, y que los costes de los fletes de los furgones no han subido; los cobros se refieren estrictamente a la estancia o permanencia.
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De acuerdo con la Ley 34-89, la antigua ley de Aduanas, se estipulaban cuatro días naturales para declarar la mercancía. Posteriormente, se añadieron 10 días más mediante un acuerdo con la autoridad de entonces y los navieros, resultando en un total de 14 días libres de costes por la estadía de los furgones en los puertos.
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La normativa que regula la entrada y salida de contenedores es el decreto 149-93.
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Iván García recordó que DPH se creó en 1993, porque los importadores tardaban entre seis y ocho meses en poder retirar sus mercancías de los muelles, agravado por el problema con el dólar, cuya adquisición requería autorización del Banco Central en esa época.
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Por un contenedor refrigerado de 40 pies, García llegó a pagar cerca de US$250 por día de estancia, y por uno seco, US$180 diarios.
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En el puerto de Caucedo, detalló que tuvo que desembolsar US$13,000 por concepto de un contenedor seco de 40 pies por el uso de las infraestructuras portuarias, a lo que sumó RD$14,000 diarios a la naviera por estancia, totalizando unos RD$27,000.
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En Haina, su coste diario es de RD$14,000, un monto que sube cada vez que hay un aumento en la tasa de cambio del dólar, denunció.
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Pro-Competencia es un organismo estatal descentralizado, adscrito orgánicamente al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y se rige por la Ley 42-08.
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La ley clasifica tres tipos principales de conductas:
1. Acuerdos, decisiones y prácticas contrarias a la libre competencia.
2. En los casos de acuerdos anticompetitivos y abuso de posición dominante, Pro-Competencia está facultada para imponer sanciones.
3. En cambio, para los casos de competencia desleal, su única potestad es declarar la existencia de un acto de competencia desleal y ordenar su inmediata cesación.
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