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Más de 370.000 ciudadanos haitianos sin documentos han sido deportados desde República Dominicana en el transcurso del último año. Esto sucede tras la intensificación de las políticas migratorias adoptadas por la Administración de Luis Abinader, en un contexto marcado por denuncias de atropellos a los derechos humanos y redadas a gran escala.
A comienzos de octubre de 2024, el Ejecutivo dio a conocer su propósito de repatriar hasta 10.000 indocumentados a la semana para disminuir el exceso de población migrante que se percibe en diversas comunidades dominicanas. Esta medida impacta significativamente a los haitianos, cuyo país enfrenta una crisis severa y prolongada que, solo en el presente año, ha forzado a 1,4 millones de personas a dejar sus hogares.
Desde ese momento, los operativos no han cesado y los vehículos pesados continúan llegando abarrotados de haitianos al centro de acogida de migrantes localizado en Haina, a unos 20 kilómetros de Santo Domingo, antes de ser llevados a la línea fronteriza para su expulsión.
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Doce meses después, se diría que el objetivo se ha alcanzado: 370.240 haitianos fueron expulsados en el reciente año, mientras que el número de repatriados en los primeros nueve meses asciende a 285.614 individuos.
La haitiana Madalena Jean acudió, al igual que muchos otros compatriotas, a las inmediaciones del centro de Haina buscando a su nieta de 15 años. La adolescente fue trasladada a ese recinto tras haber dado a luz en el municipio de Higüey, situado a unos 165 kilómetros de Santo Domingo, a pesar de su insistencia en haber nacido en República Dominicana, donde, empero, rige el principio del *ius sanguinis* (nacionalidad por vínculo de parentesco).
La señora, de 53 años, quien igualmente afirma haber nacido en territorio dominicano, si bien es de ascendencia haitiana, comentó a EFE que su nieta “padece problemas de salud”. Por ello, imploró por su pronta devolución a su familia “pues ella no pertenece a aquel lugar (Haití)”.
Desde el pasado mes de abril, se encuentra en vigor en el país un protocolo aplicado en 33 hospitales que establece un nexo entre el acceso a la atención médica y la deportación. Dicha medida ha sido objeto de críticas por parte de la ONU y Amnistía Internacional (AI).
Las autoridades encargadas de migración sostienen, a pesar de las voces críticas, que en la totalidad de los operativos se garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas indocumentadas.
En su intervención ante la reciente Asamblea de la ONU, Abinader advirtió que su nación, que actualmente erige un muro en la frontera con Haití, “continuará protegiendo su integridad territorial y haciendo valer su normativa migratoria interna”.
En declaraciones concedidas a EFE, Simón Pérez, coautor del informe recientemente publicado “Deportaciones masivas y Estado de excepción en la República Dominicana”, afirmó que la política migratoria dominicana también “perjudica a haitianos que poseen su documentación en regla”.
Estos individuos “son sometidos a los llamados procesos de depuración, en los cuales son detenidos y enviados a un centro de reclusión para verificar documentos que el propio Estado dominicano les ha proporcionado, como, por ejemplo, la cédula de extranjero”, detalló.
Otro punto que Pérez resalta en el estudio es la existencia de una discriminación hacia los haitianos en comparación con otras nacionalidades, como la venezolana.
“El volumen de expulsiones no guarda correlación con la cantidad de inmigrantes de las distintas nacionalidades que se encuentran en estatus irregular. Por el contrario, hay una desproporcionada, muy marcada, representación de personas inmigrantes haitianas”, enfatizó Pérez.
Adicionalmente, se señala que esta coyuntura está propiciando un incremento en el tráfico y la trata de individuos.
Por otra parte, el estudio también pone de manifiesto el fallecimiento de 54 personas “en el marco de la represión migratoria”. En la mayoría de estos casos, “no se han llevado a cabo investigaciones, esclarecimientos ni se han determinado responsabilidades penales”, según indicó Pérez.
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