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Al sopesar las pruebas presentadas por el órgano acusador, un tribunal del distrito judicial de San Cristóbal dictaminó prisión preventiva, como medida cautelar, contra un individuo acusado de ultimar a su compañera sentimental para después cercenar su cuerpo, prenderle fuego y encubrir los restos humanos.
Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez (alias “el Barbero”) fue detenido y puesto bajo arresto por su presunta participación en el deceso de Lisset Melenciano Tejada, reportada como desaparecida por sus allegados el pasado 7 de octubre.
Se sindica a Ramírez de cometer tales actos tras comunicarse telefónicamente con la perjudicada mientras ella se encontraba en el domicilio de su progenitora.
Conforme a lo que se ha determinado en la indagatoria, cerca de las 9 de la mañana del 5 de octubre de 2025, Lisset Melenciano Tejada abandonó la casa de su madre con destino a la residencia que compartía con su pareja en la zona de Canastica, San Cristóbal, sin que, hasta la fecha de formalizar la denuncia el 7 de octubre de 2025, se tuviera conocimiento de su paradero.
La petición de medida coercitiva expone que fragmentos corporales correspondientes a una persona fueron hallados calcinados en un terreno baldío detrás de la vivienda del encausado, con un tiempo estimado de fallecimiento de entre 3 y 5 días.
En la propiedad del procesado se efectuó una orden de registro, encontrándose en el patio una azada de hierro y un arma cortante (machete), de unos 14 pulgadas de longitud, de tono claro.
El Ministerio Público solicitó al Departamento de Serología Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) la práctica de análisis de ADN a los vestigios cercenados y quemados localizados, para cotejarlos con el de la madre de la afectada, con miras a confirmar correspondencia genética, así como también las muestras de manchas, presuntamente, hemáticas, recogidas con reactivo de luminol en la morada del imputado para su peritaje serológico. La Procuraduría de San Cristóbal aguarda los resultados.
Las fiscales a cargo de la investigación, Patricia Danilda Durán Valerio y Laura Cecilia Segura Cordero, clasificaron legalmente el caso como infracción a los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 304 y 359 del Código Penal dominicano.
En la vista judicial, la fiscal actuante Fernelis Rodríguez representó al órgano persecutor, demostrando con diversas pruebas la implicación del sindicado en el suceso.
El juez José Carlos Nina Arias impuso la detención preventiva al procesado y ordenó su cumplimiento en la cárcel pública de Baní, en la provincia Peravia.
El Ministerio Público informó que el señalado Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez presenta historial reincidente en la comisión de actos ilícitos penales, dado que dicho tribunal, en fecha 5 de agosto de 2025, le impuso una medida de coerción, consistente en fianza y comparecencia periódica por vulnerar los artículos 309-2 del Código Penal y 396, literales A y B, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), cometido en agravio de una antigua pareja y un menor de edad, para quienes se emitió una orden de protección.
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