Si el SENASA se debilita, también los vulnerables de las carreteras

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A causa de la gravedad de las denuncias presentadas por diversos medios y organizaciones políticas, que han obligado al Gobierno dominicano a emprender acciones judiciales contra la gestión anterior del Servicio Nacional de Salud, conocido como SENASA, nos vemos forzados a exigir una auditoría complementaria a esa entidad tan crítica en la administración de los recursos, especialmente en lo referente a los fondos destinados a los servicios por accidentes de tránsito.

SENASA actualmente soporta críticas por déficits financieros generales (deudas con prestadores, sobornos, decisiones cuestionables en procesos de compra de material ortopédico, medicamentos y, hasta, multas por incumplimientos) que ascienden a miles de millones de pesos, lo cual podría comprometer la ejecución oportuna de los recursos específicos que, mediante Resolución, se destinan a la Atención Médica por Accidentes de Tránsito.

Este programa pretende garantizar prestaciones médicas, rehabilitación y atención integral a los afiliados y a sus dependientes lesionados en accidentes no laborales, financiado inicialmente a través de las contribuciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y, transitoriamente, con fondos del Seguro Familiar de Salud (SFS), tal como se establece en los documentos de la Resolución transitoria, en vista de la ausencia de aplicación de la Ley 87‑01 de Seguridad Social de la República Dominicana que crea el FONAMAT, Fondo Nacional de Atención Médica por Accidentes de Tránsito.

Dicha Resolución responde a la crónica crisis vial en la República Dominicana, donde los accidentes provocan miles de muertes y lesiones cada año, afectando sobre todo a la población más vulnerable. Los medios señalan que la malversación y la mala praxis médica incrementan la cifra de jóvenes discapacitados, acusados de formar parte de la supuesta “mafia de cirugías”. La justicia deberá profundizar en estos detalles para corroborar la veracidad de este asunto, que aún no está reflejado en las denuncias recién presentadas contra SENASA.

Esto implica que los fondos esenciales destinados a la atención médica por accidentes de tránsito presumen estar en riesgo por una gestión gubernamental ineficiente, poniendo en juego la sostenibilidad del sistema de salud y la capacidad de SENASA para cumplir con obligaciones concretas como la asistencia a víctimas de tránsito, agravando la vulnerabilidad de quienes ya padecen las consecuencias de un sistema vial deficiente.

Al manejar recursos para estos fines, SENASA no solo incumple su rol administrativo, sino que intensifica la crisis vial nacional. En este sentido, Fuerza del Pueblo ha impulsado propuestas para una gestión más transparente y eficaz, en contraste con la “planificación deficiente” del gobierno actual.

Exigimos, como representantes del sector Movilidad Segura, transparencia y reformas inmediatas. Una auditoría pronta y pública de los fondos para víctimas de tránsito, incluyendo los recursos destinados a material y procedimientos médicos, es absolutamente necesaria.

Convocamos a la ciudadanía a sumarse al reclamo de políticas reales que reduzcan la siniestralidad vial y protejan a las víctimas, en lugar de exponerlas a mayor vulnerabilidad.

En definitiva, no se debe tolerar la ineficacia y la corrupción que ponen en riesgo vidas que ya han sufrido en exceso.