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El X Foro Internacional de Salud Mental y Sistema Penitenciario concluyó con una clara advertencia: el sistema carcelario de la República Dominicana afronta graves dificultades para garantizar el acceso a servicios psicológicos y de salud mental.
Para enfrentar esta crisis, los especialistas que participaron en el simposio, llevado a cabo durante el fin de semana, emitieron la “Declaración Iberoamericana sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario”.
En el documento, que sintetiza los temas abordados, los profesionales plantean soluciones bajo diversos ejes.
Los expertos sugieren
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental, este fue uno de los puntos más criticados respecto a la población reclusa.
Se subraya que la atención psicológica o psiquiátrica esporádica o nula incrementa las crisis agudas, los episodios de violencia interna y el deterioro funcional, lo que complica la reinserción social y laboral y constituye una vulneración de derechos.
Ante esta situación, los especialistas propusieron tratar la crisis de salud mental como un patrón estructural que requiere acción colectiva y sostenida, considerándola una “emergencia de salud pública”.
Entre las propuestas se incluye la implementación de valoraciones psiquiátricas y psicosociales estandarizadas al momento de la detención, bajo la forma de una Evaluación Universal al Ingreso.
Con el objetivo de “identificar riesgos y diagnósticos desde el primer instante, junto con una clasificación adecuada y atención profesional desde la llegada a los centros penitenciarios, garantizando que la evaluación inicial facilite este proceso”, indica el comunicado.
Recomendaciones
Dentro de la “Declaración Iberoamericana sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario”, los expertos recomiendan incrementar los recursos y el financiamiento.
Consideran que, al ampliar la contratación de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y médicos que aseguren la continuidad de la atención farmacológica y terapéutica, se podrán crear “Unidades Especializadas”.
El informe plantea como prioridad la puesta en marcha de intervenciones basadas en evidencia, con programas que han mostrado eficacia para reducir crisis, autolesiones y episodios de violencia.
Asimismo, proponen adoptar un enfoque terapéutico y rehabilitador mediante la instauración de un sistema integral de “cero ocio”, transformando la gestión carcelaria hacia una reinserción social real.
Capacitación especializada
Los profesionales que intervinieron en las conclusiones del foro sobre salud mental sugieren que, para llevar a cabo acciones que impulsen mejoras en el sistema penitenciario, es indispensable la “capacitación especializada del personal carcelario”.
Con el fin de “diferenciar los síntomas mentales de las faltas disciplinarias y aplicar un tratamiento integral”.
En este sentido, recomiendan implementar intervenciones profesionales bajo un esquema cíclico de evaluación y seguimiento, promoviendo la salud integral en los centros.
También proponen diseñar programas de visitas, pasantías y seminarios con estudiantes de psicología, psiquiatría y trabajo social de universidades, con la finalidad de fomentar la integración académica.
Aconsejan relanzar la reforma penitenciaria dominicana, basándose en los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“El sistema debe operar como un proceso cíclico y continuo, garantizando una intervención adaptable y eficaz”, exhortan los especialistas.
Datos generales
De acuerdo con datos internacionales, el informe de cierre del foro sobre salud mental y sistema penitenciario indica que las poblaciones carcelarias presentan prevalencias superiores de trastornos mentales en comparación con la población general.
Los expertos señalan que entre el 12 % y el 13 % de los internos presentan depresión, mientras que alrededor del 3 % al 4 % sufre de psicosis.
El documento concluye que numerosos estudios demuestran que en Iberoamérica existe una alta tasa de trastornos por consumo de sustancias.
Estos incluyen: ansiedad, depresión y psicosis, agravados por factores penitenciarios como hacinamiento, detención preventiva prolongada, interrupciones en la continuidad de tratamientos farmacológicos y escasez de personal especializado, dejando una estela de sufrimiento, estigmatización y pérdida de oportunidades para la reparación social”, detallan los especialistas.
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