Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Los cargos que pesan sobre el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, Jochy Gómez y otros implicados, acarrean condenas que varían entre 30 y 40 años de prisión, después de ser imputados por el Ministerio Público por terrorismo, desfalco administrativo, engaño en adquisiciones públicas, falsedad y delitos informáticos.
Las imputaciones figuran en el pliego de cargos radicado ayer por el ente acusador ante el Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional contra diez personas naturales y siete entidades comerciales ligadas a una trama de corrupción administrativa y blanqueo de capitales descubierta a través de la Operación Camaleón.
Las sentencias a dictar en caso de terrorismo se especifican en el artículo 15 de la Ley 267-08, sobre Terrorismo, en su numeral 15.
En el documento de acusación, se señaló al elenco por corrupción administrativa, fraude en licitaciones públicas, estafa al Estado, perjuicio a infraestructuras esenciales, contrabando, falsificación, transgresiones de alta tecnología, actos terroristas contra infraestructura vital y lavado de activos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó el libelo acusatorio contra diez individuos y siete compañías relacionadas con una red de malos manejos administrativos y lavado de dinero desarticulada mediante la Operación Camaleón.
Entre los señalados, aparte de Beras y José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), dueño de Aurix S.A.S., se encuentran Pedro Vinicio Padovani Báez, exresponsable del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, antiguo director de Tecnología del mismo Intrant.
Igualmente, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas. A la acusación se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Félix Casso.
Las organizaciones acusadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
La acusación fue formalizada por Mirna Ortiz, procuradora general de Corte de Apelación y titular de la Pepca, junto a Héctor García Acevedo, procurador general de Corte de Apelación, y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Collado, Arolin Lemos Feliz y Enmanuel Ramírez.
Conforme al Ministerio Público, los manejos irregulares se produjeron primordialmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
Se estableció que mediante convenios y contratos anómalos con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se concedió acceso preferencial a estas firmas, usadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de blanqueo de capitales, incumpliendo los preceptos de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
Agregar Comentario