Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
WASHINGTON (AP) — El mandatario Donald Trump ha manifestado que los cárteles de la droga son combatientes ilegales y afirma que Estados Unidos se encuentra ahora en un “conflicto armado” con ellos, según un memorando del Ejecutivo obtenido por The Associated Press el jueves tras los recientes ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe.
El documento parece constituir una declaración extraordinaria sobre la autoridad de guerra presidencial. Trump sostuvo que el tráfico de estupefacientes hacia EE. UU. equivale a un conflicto armado que exige el uso de la fuerza militar, proporcionando una nueva justificación para acciones pasadas y futuras.
“El presidente determinó que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, señala el memorando. Trump ordenó al Departamento de Defensa “llevar a cabo operaciones contra ellas conforme al derecho de los conflictos armados”.
“EE. UU. ha llegado a un punto crítico en el que debemos emplear la fuerza en defensa propia y de terceros contra los continuos ataques de estas organizaciones terroristas designadas”, indica el memorando.
Esto sugiere un posible giro no solo en la disposición del gobierno a sobrepasar las normas de la autoridad presidencial para librar una guerra, sino también en la agenda “EE. UU. primero” de Trump, que históricamente ha privilegiado la no intervención en el exterior. También plantea serias preguntas sobre hasta qué punto la Casa Blanca pretende ejercer sus poderes de guerra y si el Congreso intervendrá para autorizar —o prohibir— tales acciones militares.
La declaración llega tras ataques a barcos en el Caribe. El mes pasado, las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron tres ataques mortales contra embarcaciones en la zona, acusadas por la administración de traficar drogas. Al menos dos de esas operaciones se dirigieron contra naves provenientes de Venezuela.
Estos asaltos se produjeron luego de un aumento de la presencia marítima estadounidense en el Caribe, superior al observado en los últimos años. El memorando no lleva fecha, pero hace referencia a un ataque del 15 de septiembre que “resultó en la destrucción de la embarcación, los narcóticos ilícitos y la muerte de aproximadamente tres combatientes ilegales”.
“Como hemos reiterado, el presidente actuó bajo el derecho de los conflictos armados para proteger a nuestro país de quienes intentan traer veneno mortal a nuestras costas, cumpliendo su promesa de enfrentar a los cárteles y eliminar estas amenazas a la seguridad nacional para impedir que más estadounidenses pierdan la vida”, declaró la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly.
El Departamento de Defensa remitió las preguntas a la Casa Blanca. Funcionarios del Pentágono informaron a varios senadores sobre los ataques el miércoles, según una fuente familiarizada con el asunto que pidió permanecer anónima.
Para algunos legisladores, lo expuesto en la sesión informativa confidencial en el Capitolio constituye la búsqueda de un nuevo marco legal que genera dudas, en particular sobre el papel del Congreso al autorizar cualquier medida de esta índole, indicó la fuente.
El memorando ofrece una justificación que el gobierno ha presentado como base para los ataques militares ya realizados contra embarcaciones en el Caribe —los cuales han suscitado inquietudes en el Congreso por su posible ilegalidad— y para cualquier acción futura.
No se revelaron detalles sobre los cárteles atacados. Trump ha calificado a varios cárteles latinoamericanos de droga como organizaciones terroristas extranjeras, y previamente el Ejecutivo justificó la acción militar como un aumento necesario para frenar el flujo de narcóticos hacia EE. UU.
Funcionarios del Pentágono no pudieron proporcionar una lista de las organizaciones terroristas designadas en el centro del conflicto, lo que generó frustración entre algunos legisladores informados, según la misma fuente.
Aunque “naciones extranjeras amigas han hecho esfuerzos significativos para combatir a estas organizaciones”, afirma el memorando, estos grupos “son ahora transnacionales y perpetran ataques continuos en todo el hemisferio occidental como cárteles organizados”. El documento describe a los miembros del cártel como “combatientes ilegales”.
A medida que el gobierno republicano lleva a cabo ataques contra embarcaciones en el Caribe, senadores y legisladores de ambos partidos han expresado objeciones y han presionado a Trump para que solicite al Congreso la autorización de poderes de guerra para tales operaciones.
El primer ataque militar, llevado a cabo el 2 de septiembre contra lo que la administración describió como una lancha rápida que transportaba drogas, dejó 11 muertos. Trump afirmó que la nave era operada por la banda Tren de Aragua, catalogada este año por EE. UU. como organización terrorista extranjera.
Varios senadores y defensores de derechos humanos cuestionaron la legalidad de la medida, alegando un posible exceso de la autoridad ejecutiva al emplear a las fuerzas armadas con fines policiales.
El gobierno de Trump aún no ha explicado cómo el ejército determinó la carga de las embarcaciones ni la supuesta afiliación de los pasajeros a la banda antes de los ataques.
El senador Jack Reed, demócrata principal en la Comisión de Servicios Armados del Senado, sostuvo que los cárteles de la droga son “repugnantes y deben ser combatidos por la policía”.
“El gobierno de Trump no ha presentado una justificación legal creíble, evidencia ni datos de inteligencia para estos ataques”, afirmó Reed, exoficial del ejército que sirvió en la 82.ª División Aerotransportada.
El periodista de The Associated Press Konstantin Toropin colaboró en este informe.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
