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Washington, EE. UU. – El mandatario estadounidense, Donald Trump, intensificó su política de despliegues federales al aprobar la movilización de 300 efectivos de la Guardia Nacional hacia Chicago, con el objetivo de “salvaguardar a los funcionarios y bienes federales”, según informó la Casa Blanca. La decisión se produce tras un tiroteo en esa urbe, donde un agente federal disparó contra un conductor supuestamente armado.
Al mismo tiempo, la estrategia de Trump sufrió un revés judicial en otra localidad dirigida por demócratas. La jueza federal Karin Immergut suspendió de forma temporal el envío de la Guardia Nacional a Portland, Oregón, al determinar que las manifestaciones allí no constituyen un “peligro de insurrección” y que la policía municipal está capacitada para gestionar los hechos.
Abigail Jackson, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, defendió la medida en Chicago, asegurando que el presidente “no cerrará los ojos ante la ilegalidad que afecta a las ciudades americanas”.
La autorización de los 300 soldados se realizó después de un suceso matutino en el que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un agente federal se vio “forzado a usar su arma y efectuar disparos defensivos” contra un conductor armado que supuestamente intentó embestir sus vehículos tras quedar rodeados por otros automóviles. El DHS acusó a la policía de Chicago de “abandonar el lugar”, versión que la autoridad local descartó.
La política de Trump es rechazada en gran medida por las administraciones locales demócratas, que han recurrido a la vía judicial para impedir la militarización.
– Portland: La jueza Immergut criticó la justificación del mandatario, señalando que “la determinación del Presidente carecía de vínculo con los hechos” y que los episodios de violencia aislada no formaban parte de un plan organizado para “derrocar al gobierno”.
– Illinois: El gobernador JB Pritzker denunció haber recibido un “ultimátum” de Washington para que la Guardia Nacional del estado fuera desplegada, o las autoridades federales lo harían por la fuerza. Pritzker describió la amenaza como “totalmente indignante y antiestadounidense”.
El senador de Oregón, Ron Wyden, aplaudió la orden judicial, indicando que “no necesitamos ni deseamos que Donald Trump genere violencia al movilizar tropas federales en nuestro estado”.
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