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Ábrego García escapó a EE.UU. hace más de diez años después de recibir amenazas de pandillas en su país natal y fue deportado por error en marzo pasado.
Un juez federal sostuvo que el proceso penal que pesa sobre Kilmar Ábrego García podría constituir una represalia ilegal de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el salvadoreño, que busca impedir una segunda deportación.
El magistrado de distrito de Tennessee, Waverly Crenshaw, concedió este viernes la solicitud de los abogados de Ábrego García, autorizando la celebración de una audiencia probatoria y la admisión de pruebas que podrían demostrar que el caso federal de tráfico de inmigrantes que le pesa podría ser una represalia gubernamental.
“El Tribunal considera que Ábrego ha presentado pruebas suficientes de que el Gobierno tenía interés en tomar represalias contra él”, escribió el juez en una resolución de 16 páginas, emitida tras revisar la documentación presentada por la defensa, que incluye declaraciones de varios funcionarios de la Administración en contra del salvadoreño.
Crenshaw emitirá una conclusión definitiva solo después de examinar más evidencias y escuchar testimonios de testigos, que podrían involucrar a altos cargos del Gobierno de Trump.
Ábrego García, que huyó a EE.UU. hace más de una década tras recibir amenazas de pandillas en su país natal y fue deportado erróneamente en marzo pasado, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la oposición a las duras políticas antinmigratorias del mandatario republicano.
Tras una larga batalla legal, la Administración Trump lo devolvió al territorio estadounidense, donde fue arrestado nuevamente e imputado por delitos de tráfico de inmigrantes en Tennessee, mientras permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.
El salvadoreño, que trabajaba y vivía en Maryland junto a su esposa estadounidense y sus tres hijos, pasó varios meses detenido en la cárcel de máxima seguridad Cecot en El Salvador, después de haber sido expulsado por un “error administrativo”, pese a que un juez de inmigración le había permitido quedarse en EE.UU. porque corría peligro si era deportado a su país natal.
Tras su regreso, el Gobierno Trump le ofreció un acuerdo de culpabilidad por los cargos de tráfico humano, a cambio de deportarlo a Costa Rica, un tercer país seguro, pero el salvadoreño rechazó la propuesta.
Ahora, las autoridades estadounidenses buscan enviarlo a Esuatini, un pequeño país del sur de África, después de que este negara su traslado a Uganda, el primer destino propuesto.
La Casa Blanca ha reiterado en repetidas ocasiones que su objetivo es expulsar a Ábrego García del país al considerarlo una persona “peligrosa” vinculada a pandillas que operan en Centroamérica, algo que el inmigrante niega.
Este jueves, un juez de inmigración se negó a reabrir el caso de asilo del salvadoreño, reduciendo así sus posibilidades de evitar la deportación y obligándolo a buscar una apelación.
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