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Portavoces de Unicef señalan que el matrimonio infantil es una realidad compleja intrínsecamente ligada a las asimetrías de género, la precariedad económica, el abandono de los estudios, la violencia sistémica y los embarazos prematuros.
Según Claudia Saleta, experta en temas de género para Plan Internacional, una ONG dedicada a la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país: “La legislación suele ser el punto de partida, raramente el de llegada”. Con esta afirmación, destaca la carencia de un protocolo claro para la detección e intervención en casos de uniones precoces no formalizadas.
“Las uniones informales en edades tempranas son mucho más desafiantes de abordar porque carecen de un trámite oficial de formalización. Desde Plan, insistimos en la necesidad de un protocolo que haga operativa la prohibición en lo referente a estas uniones que no son formales”, subraya.
La asesora de género argumenta que las uniones tempranas y las gestaciones adolescentes son fenómenos estrechamente ligados: “Numerosos embarazos en la adolescencia ocurren en contextos de una unión precoz, y muchas de estas uniones conducen a embarazos en edades tempranas”. Es, en esencia, un ciclo perverso.
Saleta defiende con firmeza la implementación de una educación sexual adaptada a cada fase de la vida en el ámbito escolar, pues una menor información disponible para las familias y las jóvenes incrementa el riesgo de caer en uniones prematuras.
“Un marcado conservadurismo obstaculiza que realmente podamos ofrecer una formación de calidad en todas las escuelas, incluyendo la educación sexual, aun cuando se presente bajo el paraguas de ‘educación basada en valores’. La educación integral en sexualidad, adecuada para cada edad, no debería encontrar la resistencia que enfrenta actualmente”, opina la también abogada.
El cambio de mentalidad constituye otro de los desafíos cruciales para la nación, ya que las uniones precoces no son un fenómeno reciente; antes del siglo XXI, el matrimonio a edad temprana era habitual, especialmente en áreas rurales.
“En todos nuestros entornos familiares tenemos alguna abuela que se casó a los 16 o 17 años, visto como algo completamente normal. Incluso son historias que se han idealizado. Es una situación que se acepta como un hecho y se normaliza”, comenta Saleta ante la persistencia de esta dura percepción en muchos hogares dominicanos.
De acuerdo con la especialista, cuando se comenzó a cuantificar el alcance de las uniones y matrimonios tempranos, República Dominicana alcanzó una cifra del 36%, colocándose entre las más altas de Latinoamérica. Para 2024, el índice ha bajado al 25%, pero continúa estando entre los más elevados de la zona.
“Sin esfuerzos significativos y una inversión acelerada, América Latina y el Caribe serán la segunda región con mayor índice de matrimonios infantiles y uniones precoces para el año 2030”, advierte el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Este organismo reafirma que el matrimonio y las uniones tempranas constituyen un complejo fenómeno vinculado a la disparidad de género, la pobreza, la deserción escolar, la violencia y el embarazo adolescente.
El matrimonio infantil no solo compromete la integridad física y la salud de las niñas, sino que también limita seriamente sus horizontes futuros. A esto, Claudia Saleta añade que incrementa la exposición de las menores a escenarios de violencia.
Una de las barreras que identifica para alcanzar el objetivo de erradicar las uniones tempranas en República Dominicana son los “retrocesos” observados en el país, citando como ejemplo la disolución del Departamento de Género en el Ministerio de Educación.
“Esto no nos impactó a nivel organizacional, sino en la lucha contra la prevención del embarazo adolescente y las uniones precoces. Sí que afecta, porque el Ministerio de Educación, que debería ser el ente responsable de asegurar que se incorporen en todas las escuelas planes y proyectos para prevenir estos graves problemas, eliminó el departamento encargado de llevarlos a cabo”, explica.
Al ser consultada sobre si las familias deberían enfrentar sanciones por aprobar una unión temprana en su seno, Saleta responde: “Se necesitan implementar medidas psicosociales, ya que muchas familias son a su vez víctimas del sistema. No podría responsabilizar penalmente a una familia que, quizá, no encontró otra vía, no visualizó otra posibilidad y se vio impulsada por el contexto actual de extrema pobreza, marginalidad, desempleo, entre otros factores”.
Entre las medidas psicosociales que podrían implementarse, la profesional sugiere establecer mecanismos de coordinación con la fiscalía, tales como comparecencias periódicas, rendición de cuentas y encuentros con profesionales del trabajo social, entre otras.
Aunque no existe un delito específico tipificado como “matrimonio infantil” en el Código Penal, los adultos que establecen una unión de hecho con un menor pueden ser sancionados penalmente por abuso sexual de menores.
Desde enero de 2021, República Dominicana ha prohibido totalmente el matrimonio infantil. La Ley No. 1-21, promulgada ese año, modificó el Código Civil para establecer que “ninguna persona menor de dieciocho años podrá contraer matrimonio bajo ninguna circunstancia”. Esta normativa eliminó todas las excepciones previas que permitían el matrimonio de menores con el aval parental o la autorización judicial.
En este marco, Claudia Saleta destaca que el país dispone de programas como la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo Adolescente (PPA), actualizada este año y que también aborda la problemática de las uniones precoces. Su objetivo es garantizar el acceso de niñas, niños y adolescentes a un sistema de apoyo social que promueva la continuación educativa y el desarrollo de proyectos de vida que sean una alternativa al matrimonio y las uniones tempranas.
“Existen iniciativas, tanto gubernamentales como de organizaciones como la mía (Plan Internacional), que se centran exclusivamente en provocar un cambio en la mentalidad, pues ahí radica el origen del problema”, asevera Saleta.
Entre los proyectos de esta entidad se encuentra ‘Guiando’, financiado por el Ministerio de la Mujer y dirigido específicamente a adultos: líderes comunitarios, padres, madres y tutores de las Asociaciones de Padres de las escuelas. También participan profesores, referentes religiosos y personal médico de la misma zona. El propósito de este programa es capacitar a estas audiencias para que se conviertan en transmisores del mensaje.
“Estos adultos interactúan con adolescentes o con familias en distintas etapas de su vida, cuando buscan atención sanitaria o acuden a la escuela, por ejemplo. Al entender este circuito de personas que pueden entrar en contacto con estas familias, les proporcionamos formación sobre la relevancia y la sensibilización en torno a esta problemática”.
Plan Internacional mantiene una presencia constante en Azua, San Juan, Barahona, Elías Piña y Pedernales, consideradas zonas con una mayor incidencia de uniones tempranas en el territorio nacional.
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