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El subprocurador Wilson Camacho, quien encabeza la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, declaró este viernes que, según las pruebas reunidas, los homicidios a balazos de cinco hombres en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago, presumiblemente perpetrados por 11 miembros de la Policía Nacional, constituyeron una “ejecución extrajudicial”.
“Los indicios que ha recabado el Ministerio Público hasta la fecha muestran que la muerte de estas cinco personas en La Barranquita fue una ejecución extrajudicial”, manifestó el magistrado frente a los periodistas que cubrían la fuente del Palacio de Justicia de la Ciudad Corazón.
Camacho enumeró a los agentes involucrados: los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña, quienes habrían realizado distintas maniobras para intentar eliminar las pruebas que los relacionan con el hecho ocurrido la tarde del pasado 10 de septiembre.
“Los imputados sustrajeron los videos del suceso, retiraron teléfonos y llevaron a cabo otras acciones con el objetivo de entorpecer la investigación y ocultar la verdad”, agregó.
El funcionario también indicó que el Ministerio Público mantiene una firme resolución de llevar adelante esta investigación hasta sus últimas consecuencias.
“No vamos a permitir que hechos de esta naturaleza queden sin castigo y buscaremos justicia tanto para las víctimas como para sus familias”, advirtió Wilson Camacho.
En otro sentido, el jefe de la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público informó que la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia de Santiago postergó para el próximo jueves 9 de octubre la resolución de la solicitud de medida de coerción contra los once policías.
Explicó que el tribunal tomó esa determinación para que los defensores de los agentes dispusieran de tiempo suficiente para estudiar el expediente acusatorio y para que los familiares de las víctimas pudieran estar presentes.
“Se concede un plazo para analizar la gran cantidad de pruebas presentadas por el Ministerio Público y compartir esas pruebas con sus representados”, afirmó.
El Ministerio Público pide que al grupo – imputado por asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años – se le apliquen 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea reconocido como complejo.
La Procuraduría ha asignado al caso la calificación jurídica provisional de violación de los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
