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Cerca de doscientos cincuenta mil venezolanos se hallan vulnerables a la expulsión a partir de la medianoche de hoy viernes, momento en que expira el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los resguardaba. Esto representa un duro golpe para los migrantes que prefieren mantenerse ocultos antes que retornar a su país de origen.
“No podemos volver a Venezuela, allí ya no nos queda nada; prefiero vivir en la sombra”, comenta Oriana, una inmigrante venezolana que prefiere omitir su apellido, en una conversación telefónica con EFE.
La mujer, de 38 años y madre de una adolescente de 15, relata que residió en Florida por más de cinco años, pero recientemente decidió reubicarse en otro estado, tras la resolución del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a la protección extendida a los venezolanos por su predecesor.
El TPS resguarda a sus beneficiarios de la expulsión y les concede permiso laboral, el cual Oriana perderá a partir de este viernes.
“Dejé de utilizar ese permiso, estoy asimilándome a mi nueva circunstancia”, expresa la migrante.
La venezolana no quiere ofrecer detalles sobre su próximo lugar de residencia ni cómo se sustentará tras perder la autorización de trabajo. Afirma que desactivará su línea telefónica y comenzará una “nueva existencia” en la clandestinidad, pero todavía dentro de Estados Unidos.
“Soy consciente de que con el TPS gozamos de un favor comparado con otros inmigrantes, como colombianos o mexicanos, pero de ellos he aprendido que no hay que desfallecer y que hay que resistir el mayor tiempo posible”, manifiesta la inmigrante.
Una postura que elogia José Palma, directivo de la Alianza TPS, un colectivo que lidera una demanda legal contra la administración de Trump para mantener vigente la salvaguarda.
“La disputa continúa en los tribunales, aún no hay resolución definitiva”, advierte el activista.
El litigio busca amparar a dos grupos de venezolanos protegidos: los de 2021, aproximadamente 250.000 a quienes hoy caduca su TPS, y los beneficiarios de la prórroga de 2023, cerca de 350.000, quienes quedaron sin protección desde el mes pasado luego de que la Corte Suprema permitiera a la Casa Blanca avanzar con sus planes mientras el pleito en instancias inferiores sigue su curso.
El asunto se encuentra actualmente en el Noveno Circuito de Apelaciones, donde un panel escuchará los argumentos de ambas partes, después de que el gobierno de Trump apelara el dictamen de un juez federal que determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su facultad legal al anular la protección y que su decisión fue “improcedente y arbitraria”.
Palma no descarta que el enfrentamiento judicial regrese a la Corte Suprema, donde los magistrados deberán evaluar el caso en su totalidad.
En total son 600.000 venezolanos los que desde la medianoche estarán en riesgo de ser retenidos y deportados de inmediato, lo que constituye el mayor número de personas que han perdido el TPS en la historia de este beneficio.
No es la primera vez que Trump se involucra en un enfrentamiento contra este amparo, instaurado en 1990; durante su primer mandato intentó suprimir la protección a inmigrantes de seis naciones, en su mayoría centroamericanas, pero perdió la batalla judicial.
“Ya vencimos una vez en los tribunales, podemos lograrlo de nuevo”, asegura Palma.
La Alianza TPS también está presionando ante el Congreso estadounidense en favor de varias propuestas de ley con respaldo de ambos partidos que otorgarían estatus legal permanente a los beneficiarios del TPS de diversas nacionalidades.
Sin embargo, ambas vías requieren tiempo, algo que los venezolanos parecen no poseer ante la ofensiva de las autoridades migratorias para cumplir la meta del presidente Trump de expulsar a un millón de personas en un año.
Fernando Romo, especialista legal en inmigración y asesor jurídico principal de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), explica a EFE que los venezolanos con riesgo inminente de detención tras perder el TPS son aquellos que ya contaban con una orden de expulsión previa.
“El TPS detiene las órdenes de deportación, pero al expirar el amparo, esa orden se reactiva y es muy probable que sean buscados por los oficiales de inmigración”, profundiza el letrado.
No obstante, el jurista aclara que los inmigrantes que han perdido el TPS aún disponen de otras alternativas, como pedir asilo, y aunque estos procesos “no son sencillos de ganar”, representan una posibilidad para los venezolanos.
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