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Santo Domingo.- El secuestro de individuos para obtener sus órganos es un mito en la República Dominicana. Así lo manifestó el doctor Luis Manuel Pérez Méndez, coordinador de Trasplante Hepático del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT), quien detalló que para que un trasplante sea factible se requieren circunstancias médicas y logísticas sumamente complejas.
Al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Pérez Méndez, quien también es integrante de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, expuso que actualmente el Hospital General de la Plaza de la Salud es el único centro autorizado en la nación para realizar intervenciones de trasplante de hígado.
El experto comentó que para remover un órgano viable, el donante debe encontrarse en condiciones clínicas muy específicas: conectado a asistencia respiratoria, con presión arterial estable y niveles de oxígeno por encima del 90%. “Debe mostrar signos vitales como si estuviera vivo, lo cual es incompatible con una muerte violenta derivada de un secuestro”, enfatizó.
Asimismo, señaló que el procedimiento exige un equipo de varios especialistas, incluyendo cirujanos expertos, anestesiólogos y personal clínico de alta competencia.
“No existe otro centro, ni hospital particular ni público, donde se pueda efectuar un trasplante de hígado en estos momentos. El hígado, al ser extraído del donante, ya sea por secuestro o cualquier otra causa, necesita preservación; no es solo retirarlo, también hay que saber implantarlo, y para ello se requiere un cirujano especializado en trasplante hepático, no un cirujano general”, indicó.
Aseguró que un órgano extraído (como el hígado) requiere ser conservado de inmediato en una solución especial cuya venta está restringida a hospitales aptos para trasplantes.
El doctor lamentó que la difusión de noticias falsas sobre un supuesto tráfico de órganos merme la disposición de las familias a consentir donaciones.
“Eso es un cuento. Aquí no se priva a nadie de su libertad para extraerles o comercializar con sus órganos. Y cuando estos rumores se propalan, la actitud de los parientes de posibles donantes se deteriora”, advirtió.
Por su parte, José del Carmen Caraballo, jefe del Departamento de Coordinación Hospitalaria del INCORT, explicó que solo cuando un organismo mantiene parámetros clínicos estables puede ser trasladado al quirófano para la remoción de órganos, en un entorno controlado y con un equipo quirúrgico completo.
“En esos supuestos, puntualizó, hemos de devolver el cuerpo a la morgue; los órganos ya no sirven porque, al detenerse el corazón, se interrumpe la oxigenación que los mantiene en buen estado”.
Por ello, agregó, es absurdo concebir que en una residencia, propiedad rural o sitio improvisado alguien pueda efectuar un trasplante: “no solo sería un homicidio, sino que los órganos no soportarían la falta de las condiciones médicas indispensables”.
El experto precisó que en el país no existe red alguna de sustracción o comercio de órganos como se ha publicitado en ciertos medios o plataformas sociales. “Deben adherirse a la realidad”, aseveró. “No se sustrae ningún órgano, nada de eso es cierto”.
Añadió que, en los casos de trasplantes, todo se ejecuta bajo un estricto marco médico, legal y ético. El galeno recalcó que la única posibilidad de intercambio ilícito sería entre individuos que, de forma particular, pactaran un acuerdo privado, algo que el sistema nacional de trasplantes combate activamente.
El INCORT aplica un procedimiento riguroso en las situaciones de donantes vivos. Tanto el donante como el receptor son entrevistados por separado y, en caso de surgir dudas, personal especializado indaga su entorno familiar y social.
Caraballo destacó que incluso cuando los donantes vivos no tienen vínculos consanguíneos, los casos deben ser examinados por el Consejo Nacional de Trasplantes, presidido por el ministro de Salud. “Todo se realiza dentro de un marco legal y ético muy severo, con la concurrencia de distintas entidades”, indicó.
Los médicos también abordaron el suceso de la menor Carla Massiel Cabrera, desaparecida en junio de 2015, uno de los eventos que más impactó la visión pública sobre la donación de órganos.
En aquella ocasión, los inculpados Dawin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez afirmaron falsamente que la niña había sido raptada para extraerle los órganos por encargo de Liliana Santana, versión que posteriormente fue desestimada por el Ministerio Público.
Meses después, Trinidad guio a las autoridades al sitio donde había sepultado el cadáver, y las pesquisas confirmaron que la niña fue víctima de rapto, agresión sexual y asesinato, sin vínculo alguno con la extracción de órganos. En 2018, ambos sujetos fueron sentenciados a 30 años de prisión y obligados a abonar una compensación de RD$2 millones a la familia.
El director del INCORT, José Juan Castillo Almonte, rememoró que durante la cobertura del caso se llegó a especular sobre la supuesta participación de doctores.
“Si verdaderamente hubiese existido un rapto para sustraer órganos, el primero al que debieron interrogar era al doctor Jiomar Figueroa, que para entonces era el único cirujano de hígado del país”, comentó con ironía.
Castillo Almonte afirmó que todo fue consecuencia de una confusión avivada por la falta de información y resaltó que, para prevenir estos equívocos, el INCORT rubricó un pacto con el Colegio Dominicano de Periodistas con la finalidad de fomentar la difusión de datos contrastados acerca de la donación y los trasplantes.
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