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El procedimiento, ejecutado el martes en los predios de Penha y Complexo do Alemão, tenía como blanco al Comando Vermelho, una de las estructuras criminales más antiguas y con mayor poder en el país, según comunicó el gobierno regional el sábado.
Las acciones, que incluyeron el despliegue de helicópteros, vehículos blindados y soldados en tierra, resultaron en la muerte de 117 presuntos malhechores y cuatro agentes, de acuerdo con el último informe oficial, si bien el defensor público registró un total de 132 decesos.
Las autoridades indicaron que se trató de “uno de los mayores decomisos de armamento militar en una sola jornada”, al confiscar 120 armas, entre ellas 93 fusiles, con un valor calculado en 12.8 millones de reales (unos 2.4 millones de dólares). Adicionalmente, los uniformados encontraron municiones, explosivos, narcóticos y equipo militar destinado al grupo de narcotraficantes.
Tal como señaló el jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, en un comunicado oficial, parte del arsenal proviene de naciones como Argentina, Bélgica, Alemania, Perú, Rusia y Venezuela, e incluye modelos empleados en contiendas bélicas como el AK-47 y el FAL. Ciertas armas largas pertenecían a fuerzas armadas de otros países. “Nos enfrentamos a un arsenal propio de un campo de batalla”, aseveró Curi, añadiendo que las autoridades indagarán las rutas utilizadas para introducir estas armas en Río de Janeiro.
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La incursión policial ha provocado críticas de agrupaciones defensoras de los derechos humanos y un llamado de la ONU a iniciar una pesquisa sobre las bajas. Familiares de los afectados han denunciado ejecuciones extrajudiciales y, de acuerdo con un periodista de AFP presente en el sitio, al menos uno de los cuerpos estaba decapitado. A pesar de estos relatos, sondeos indican que la mayoría de los brasileños aprueba el operativo, el cual el mandatario de Río de Janeiro, Cláudio Castro, catalogó como un triunfo contra el “narcoterrorismo”.
Incluso el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a menudo cuestionado por sus oponentes por una supuesta tolerancia hacia el delito, adoptó un tono más enérgico y presentó al Congreso un proyecto de ley que establece penas de hasta 30 años de presidio para miembros de organizaciones delictivas. En esta misma semana, Lula promulgó nuevas disposiciones legales para robustecer la lucha contra la delincuencia organizada. “No podemos tolerar que el crimen organizado continúe devastando familias, sometiendo a los vecinos y diseminando drogas y violencia en las urbes”, declaró en la red social X.
Según el testimonio de René Silva, periodista y activista en Complexo do Alemão, la incursión generó un impacto psicológico notable en la población. “Jamás habíamos presenciado algo semejante en la historia de Brasil”. William de Oliveira, líder comunitario en la zona marginada de Rocinha, advirtió que estos operativos complican la vida de todos los residentes, no solo de aquellos involucrados en actividades ilícitas. “Hay gente en conflicto con la ley en todo lugar. En la favela, algunos participan en el narcotráfico o robos, pero también hay individuos de la alta sociedad”, reflexionó de Oliveira.
El procedimiento se inscribe en una ofensiva a nivel nacional iniciada en agosto contra el crimen organizado, mediante la cual las autoridades brasileñas confiscaron activos por un valor aproximado de 1.200 millones de reales (cerca de 220 millones de dólares) ligados a operaciones de lavado de capitales, según explicó el sociólogo Daniel Hirata, de la Universidad Federal Fluminense.
De acuerdo con información del Grupo de Estudio sobre Nuevas Ilegalidades de dicha universidad, en lo que va del año se han ejecutado más de 1.800 incursiones policiales en el área metropolitana de Río, pero apenas el 1.3% han sido consideradas fructíferas en términos de aprehensiones o neutralizaciones.
Las irrupciones de gran envergadura han cobrado una relevancia política considerable en vísperas de las próximas contiendas electorales presidenciales y municipales. El gobernador Castro, partidario del expresidente Jair Bolsonaro, calificó a las bandas criminales de la ciudad como “narcoterroristas”, mientras que congresistas conservadores promueven modificaciones para que estos grupos sean reconocidos como organizaciones terroristas. Por su parte, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, aclaró que dichas agrupaciones no cumplen con la definición legal de terrorismo al carecer de propósitos políticos o ideológicos.
La reciente incursión ha abierto una discusión sobre la efectividad y el costo humano de esta estrategia policial. El presidente Lula ordenó el envío de delegados federales a Río de Janeiro y la apertura de una dependencia de emergencia para hacer frente al crimen organizado, al tiempo que el Senado planea iniciar una indagatoria sobre la expansión delictiva durante la semana siguiente.
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