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La jueza Rivas tendrá la tarea de sopesar los medios de prueba aportados por las partes, con el objetivo de decidir si los encausados serán o no llevados a juicio por su presunta implicación en una trama de corrupción administrativa y blanqueo de capitales, desarticulada mediante la Operación Camaleón.
Entre el resto de los señalados se encuentran Pedro Vinicio Padovani Báez, exresponsable del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnologías; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero; y Carlos José Peguero Vargas.
A la pliego de cargos también se unen Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
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Las entidades legales mencionadas en el legajo son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
La imputación fue formalizada por Mirna Ortiz, procuradora titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a otros miembros del Ministerio Público.
El ente acusador afirma poseer más de 400 evidencias que fundamentan el expediente y demuestran la existencia de varias vertientes delictivas, incluyendo prevaricación administrativa, fraude en licitaciones públicas, estafa contra el erario, sabotaje a instalaciones esenciales, contrabando, falsificación, delitos informáticos avanzados, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Según la investigación, los actos irregulares se orquestaron principalmente a través del Intrant y del Ministerio de Defensa, mediante acuerdos y convenios anómalos con las compañías Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., las cuales al parecer obtuvieron acceso preferencial a fondos públicos para operaciones de blanqueo de capitales, contraviniendo los preceptos de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El núcleo del esquema criminal, conforme a la acusación, sería José Ángel Gómez Canaán, quien ostenta conexiones societarias, financieras y operativas con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix.
Bajo su liderazgo, estas corporaciones habrían conformado un grupo delictivo dedicado al timo al Estado, el lavado de capitales y la neutralización tecnológica, afianzando su dominio sobre infraestructuras clave y recursos estratégicos del país.Este artículo fue publicado inicialmente en El Día














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