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Washington, D.C. – El Congreso de EE. UU. dio un avance fundamental este lunes para reactivar las operaciones del gobierno federal, al validar con un resultado de 60 votos a favor y 40 en contra —un acuerdo de ambos partidos— una propuesta que finaliza la clausura de organismos públicos más extensa de la historia nacional.
Esta disposición obtuvo el apoyo de legisladores demócratas y conservadores, y ahora será remitida a la Cámara de Representantes, la cual podría reunirse este miércoles —después del festivo del martes— para dar su visto bueno al pacto. De ser aprobado allí, el mandatario Donald Trump rubricaría el texto y pondría cese a la paralización financiera que se inició el 1 de octubre.
Desde que comenzó esta suspensión, arriba de un millón de trabajadores del ámbito federal han permanecido sin empleo o realizando sus labores sin remuneración, abarcando personal esencial como los encargados de la gestión del tráfico aéreo. Esta circunstancia generó la anulación de miles de trayectos aéreos e incrementó el clamor popular dirigido al Legislativo.
El presidente Trump celebró el convenio logrado previo al sufragio en la cámara alta. “Vamos a reabrir nuestra nación muy pronto”, manifestó desde el Despacho Oval, prometiendo acatar los puntos del acuerdo, que incluye la reincorporación y la liquidación de haberes a los empleados perjudicados por la “clausura”.
Por otro lado, la figura republicana principal en el Senado, John Thune, expresó su alegría con una publicación en su perfil de X (anteriormente Twitter), indicando que se sentía complacido de respaldar un “rumbo claro para terminar con esta paralización innecesaria de forma responsable”.
Igualmente, el senador demócrata John Fetterman, quien votó en pro de la iniciativa, comunicó su sentir en redes: “Dar de comer a todos. Pagar a nuestras fuerzas armadas, empleados públicos y a la seguridad del Capitolio. Cesar el desorden en los aeropuertos. La nación por encima de la facción”.
Si la Cámara lo ratifica y el presidente lo firma, el acuerdo facilitará la normalización total de las funciones gubernamentales y la compensación económica de los empleados afectados por la disputa presupuestaria.
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