Austin – Únicamente 25 de las más de 140 personas aprehendidas durante un gran operativo en San Antonio (Texas) el pasado 16 de noviembre contaban con historial delictivo.
Así lo especificó la sede local del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en un informe, donde se ofrecieron por primera vez más pormenores sobre las detenciones, las cuales ocurrieron en un espacio de vendedores ambulantes de comida donde, según las autoridades, también funcionaba un sitio para fiestas clandestinas.
Las autoridades no proporcionaron una nómina con los nombres de los retenidos, pero comunicaron que la mayoría (98) son de nacionalidad venezolana, 21 hondureños, 14 mexicanos, cuatro cubanos, dos ecuatorianos, un nicaragüense, un peruano, un guatemalteco y un salvadoreño.
Los apresados, en una acción llevada a cabo cerca de las 3 a.m del domingo 16, fueron llevados bajo la tutela del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las autoridades afirman, además, que 50 de los individuos capturados son integrantes “confirmados” de Tren de Aragua, una agrupación delictiva venezolana. Sin embargo, no presentaron más sustento para explicar la conexión con el grupo criminal.
Y es que, solamente 25 de los detenidos, indicó el FBI, tienen “registros penales”, 13 por faltas federales y 12 por infracciones menores.
Esta incursión en el sur de Texas es el más reciente ejemplo de las gestiones del Gobierno de Donald Trump para capturar y retener a la mayor cantidad posible de personas migrantes que residen en el país.
Colectivos como Human Rights Watch (HRW) han denunciado que el Gobierno está cometiendo excesos contra la población, mediante el arresto indiscriminado y “sin respetar los derechos humanos” de individuos migrantes o de ascendencia latina.
En procedimientos similares en otras urbes como Chicago (Illinois), Charlotte (Carolina del Norte) y Boston (Massachusetts), se ha observado que personas sin prontuario o con estatus legal en EE.UU. son también interceptadas, como resultado de la expansión de las fuerzas federales.
El operativo ha generado reproches por parte de congresistas demócratas que representan en el Cuerpo Legislativo nacional a varios distritos de San Antonio, quienes demandaron al Gobierno entregar información adicional sobre la razón del procedimiento y los capturados.
El representante Joaquín Castro hizo público esta semana el mandamiento de registro —emitido por un juez del foro del condado de Bexar— que autorizó la acción.
En el documento, un agente especial del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), describe que su dependencia llevaba “investigando” durante meses el lugar donde se ejecutó la redada, puesto que contaban con información de un informante confidencial de que en uno de los locales se comercializaba droga y se celebraban reuniones no autorizadas frecuentadas por “miembros del Tren de Aragua”.
Utilizando al informante reservado, el DPS asegura haber verificado que un sujeto, identificado como el encargado del negocio, distribuía cocaína en ese sitio.
Castro, en un comunicado divulgado hoy, objetó lo que calificó como “una inadmisible falta de transparencia” por parte del Ejecutivo respecto al operativo.
Laura Flores-Dixit, asesora legal de la organización no gubernamental American Gateways, compartió esta perspectiva e señaló que, en lugar de fomentar la seguridad, este tipo de capturas masivas instaura temor en la comunidad hispana e inmigrante de la zona.
Su organización ha establecido comunicación con los parientes de al menos cinco de los retenidos, quienes han sido trasladados a diversos centros de internamiento para migrantes en Texas. Todos ellos, detalló, son jóvenes de entre 20 y 24 años.
La activista también alertó sobre las supuestas vinculaciones entre algunos de los detenidos y el Tren de Aragua, afirmando que el Gobierno posee un “patrón” de “declarar de forma unilateral afiliación a esta banda delictiva” sin aportar pruebas.
El Ejecutivo de Trump ha sido señalado por diversas entidades de derechos humanos de identificar y retener a migrantes venezolanos como integrantes del Tren de Aragua sin evidencias o historiales penales, en lo que Human Rights Watch y Amnistía Internacional denominan “detenciones arbitrarias”.
En dos de los casos más controvertidos, Washington envió a comienzos de año a centenares de estos migrantes a un centro de reclusión de alta seguridad en El Salvador y a la instalación naval de Guantánamo. La mayoría de ellos, según análisis de prensa y organizaciones, no poseía antecedentes ni vínculos con el grupo criminal, sino que fueron señalados por sus marcas corporales. EFE
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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