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La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) notificó que 26,167 individuos con diferentes tipos de pensiones autorizadas por el Poder Ejecutivo todavía no gozan de ellas, puesto que no han finalizado su ingreso a la planilla de pensionados del Estado, administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Hacienda, según datos actualizados hasta noviembre de 2025.
Elías Báez, titular de la DIDA, señaló que el inventario de estos beneficiarios fue suministrado por la DGJP, a requerimiento de la DIDA, con el propósito de ubicar a quienes tienen pensiones aprobadas y no han culminado su proceso de registro en la nómina para que se efectúen los pagos mensuales.
Báez detalló que entre los identificados se encuentran receptores de pensiones solidarias, por años de servicio y aquellas provenientes del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), los cuales ya tienen el derecho concedido mediante decretos presidenciales, disposiciones del Congreso Nacional o resoluciones del IDSS validadas por la DGJP.
La DIDA exhorta a las personas que tramitaron una pensión y no han recibido noticias sobre su estatus a revisar la página web www.dida.gob.do en el siguiente enlace Listado-de-Pensiones-Pendientes-de-Formalizar-su-inclusion-a-Nomina-corte-noviembre-de-2025.pdf, o consultar las redes sociales @didardo y llamar al número 809-472-1900.
El funcionario comunicó que si las personas beneficiarias figuran en el listado, deben presentarse en las instalaciones de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) con su cédula de identidad y electoral (original y copia), además de una fotografía 2×2.
Añadió que tras completar la verificación, la DGJP procederá a incorporarlos a la plantilla general de jubilados y pensionados estatales, para asegurar el abono mensual correspondiente según la normativa vigente. El periodo para esta inclusión es de tres meses.
El director general de la DIDA, Elías Báez, resaltó que esta acción es parte del compromiso institucional con la protección social, la transparencia y la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, asegurando que cada persona favorecida pueda ejercer plenamente su derecho a percibir la pensión que le corresponde.
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