McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — Yaakub Vijandre se disponía a salir a su trabajo como mecánico cuando seis vehículos se estacionaron frente a su domicilio en la zona de Dallas. Agentes federales descendieron de los autos; a uno se le apuntó con un arma, y fue detenido.
Vijandre es amparado por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el programa instaurado durante la presidencia de Obama que ha brindado protección contra la deportación a cientos de miles de personas desde 2012, siempre que hayan sido traídas a Estados Unidos siendo menores y no posean antecedentes penales. La administración de Trump sostuvo que la detención se debió a publicaciones de Vijandre en redes sociales. El videógrafo independiente y activista pro-Palestina relató su detención a inicios de octubre a sus representantes legales, quienes transmitieron la información a la prensa.
Su aprehensión y otros casos recientes indican una variación en el manejo de los beneficiarios de DACA por parte de Estados Unidos, mientras el gobierno del presidente Donald Trump ajusta la política migratoria en general. Este cambio ocurre en un momento en que los inmigrantes enfrentan un escrutinio más riguroso, incluyendo sus actividades en línea, al solicitar visados, residencias permanentes, acceder a la ciudadanía o al pedir la liberación de sus hijos bajo custodia federal. Además, la administración ha buscado expulsar a estudiantes extranjeros por ejercer activismo pro-Palestina.
DACA fue concebido para resguardar a los beneficiarios, conocidos popularmente como “Dreamers”, de ser arrestados o deportados por las autoridades migratorias. También les facilita la posibilidad de trabajar legalmente en EE.UU. Los amparados deben renovar su protección cada bienio. Antes, si su situación se veía comprometida, recibían una notificación y aún podían defender su caso antes de que Inmigración procediera a su detención e iniciara los trámites de expulsión.
En respuesta a consultas sobre posibles modificaciones, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló en un comunicado que las personas “que se proclaman beneficiarias de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no gozan de protección automática ante la deportación. DACA no otorga ninguna clase de estatus legal en este país”. Los beneficiarios de DACA pueden perder su amparo “por diversas causas, incluyendo si han cometido un delito”, apuntó.
Añadió que Vijandre había efectuado publicaciones en redes sociales “exaltando el terrorismo”, una de ellas, según la funcionaria, festejando a Abu Musab al-Zarqawi, líder de Al Qaeda en Irak que murió en una operación estadounidense en 2006.
Chris Godshall-Bennett, abogado de Vijandre, afirmó que la actividad de Vijandre en redes sociales está “claramente” amparada por la libertad de expresión. Agregó que el Ejecutivo no ha facilitado detalles sobre las publicaciones concretas en los documentos judiciales.
Vijandre es uno de unos 20 beneficiarios de DACA detenidos o arrestados por autoridades migratorias desde que Trump asumió el cargo en enero, según datos de Home is Here, una iniciativa impulsada por organizaciones de apoyo a DACA. El gobierno pretende anular su estatus DACA, lo cual podría llevar a su expulsión a Filipinas, un lugar que no ha visitado desde que su familia se trasladó a Estados Unidos en 2001, a sus 14 años.
El programa sorteó el primer intento de la administración Trump de anularlo cuando la Corte Suprema resolvió en 2020 que el Ejecutivo no siguió el protocolo adecuado para darlo por terminado.
Ha habido otros intentos de suprimir el programa o imponer límites a los beneficiarios.
Este año, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió una resolución que denegaría permisos de trabajo a los beneficiarios de DACA residentes en Texas. La administración de Trump presentó recientemente sus planes ante un juez federal que está determinando la aplicación de dicha medida.
Asimismo, el gobierno ha introducido nuevas limitaciones para obtener licencias de conducir comerciales, lo cual afectaría a los beneficiarios de DACA y a ciertos otros inmigrantes. El año pasado, 19 estados gobernados por republicanos retiraron el acceso a la cobertura sanitaria bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio a los beneficiarios de DACA. Además, el número de estados donde los estudiantes inmigrantes califican para tarifas de matrícula estatales se ha reducido desde que el Departamento de Justicia comenzó a demandar a esos estados este año.
“Quizás esta administración no esté buscando anular DACA completamente como lo intentó la primera vez, pero está debilitándolo”, comentó Juliana Macedo do Nascimento, portavoz de United We Dream, parte de Home is Here, la coalición que lleva registro de los casos públicos de beneficiarios de DACA detenidos.
Catalina “Xóchitl” Santiago Santiago, activista de 28 años de El Paso, Texas, fue retenida en agosto a pesar de mostrar a los oficiales de inmigración un permiso de trabajo vigente obtenido a través de DACA.
Días después, agentes federales detuvieron a Paulo Cesar Gamez Lira al llegar a su casa en El Paso con sus hijos tras una consulta médica; el padre de 28 años sufrió una dislocación de hombro, según sus abogados.
Tanto Santiago como Gamez Lira permanecieron bajo custodia por más de un mes mientras sus defensores solicitaban su liberación.
Marisa Ong, abogada de Santiago y Gamez Lira, indicó que el gobierno no informó a ninguno de sus clientes sobre la intención de revocar su condición de DACA.
“Los beneficiarios de DACA poseen un interés protegido constitucionalmente en mantener su libertad”, aseveró Ong, añadiendo que “el gobierno no puede arrebatar esa libertad sin aportar una justificación válida”.
Los amparados por DACA pueden perder su estatus si son hallados culpables de un delito mayor, faltas graves que impliquen perjuicio a terceros, conducir bajo influencia o distribución de estupefacientes, o si acumulan tres o más faltas menores. También pueden perder su beneficio si representan un riesgo para la seguridad nacional o pública.
Seguridad Nacional declaró en un comunicado que Santiago tenía acusaciones previas por invasión de propiedad, posesión de narcóticos y parafernalia, y que Gamez Lira había sido arrestado previamente por posesión de marihuana.
Ong sostuvo que, cuando los defensores gestionaron su excarcelación, “el gobierno no presentó pruebas de ninguna falta previa por parte de ninguno de los implicados”.
Vijandre, el residente del área de Dallas aprehendido en octubre, continúa en un centro de internamiento en Georgia. Sus abogados aseguran que recibió una notificación dos semanas antes de su detención informándole del plan del gobierno de anular su estatus DACA, pero sin concedérsele la oportunidad de oponerse.
“Considero que la administración ha marcado una pauta muy nítida y, al menos por ahora, entre ciudadanos y no ciudadanos; su meta es expulsar a la mayor cantidad posible de no ciudadanos del país y dificultar al máximo el ingreso de extranjeros”, manifestó Godshall-Bennett, representante legal de Vijandre.
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Esta nota fue adaptada del inglés por un editor de AP con apoyo de tecnología de inteligencia artificial generativa.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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