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Ciertos beneficiarios de DACA han sido detenidos durante el operativo migratorio de Trump

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AP) -- Yaakub Vijandre se preparaba para ir al trabajo como mecánico cuando seis vehículos aparecieron frente a su domicilio en la zona de Dallas.

MCALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — Yaakub Vijandre se preparaba para ir al trabajo como mecánico cuando seis vehículos aparecieron frente a su domicilio en la zona de Dallas. Funcionarios federales descendieron de los vehículos, uno le apuntó con un arma, y procedieron a detenerlo.

Vijandre es amparado por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el programa de la era de Obama que ha resguardado de la deportación a cientos de miles de personas desde el 2012, siempre que hayan sido traídas a Estados Unidos siendo menores y no presenten antecedentes legales. El gobierno de Trump sostuvo que la detención de Vijandre se debió a publicaciones en redes sociales. El videógrafo independiente y activista pro-palestino relató su detención a principios de octubre a sus defensores legales, quienes divulgaron la información a la prensa.

Su arresto, junto con varios otros este año, sugiere un cambio en la manera en que EE.UU. trata a los beneficiarios de DACA, mientras el ejecutivo del presidente Donald Trump reestructura la política migratoria a mayor escala. Esta modificación se produce en un contexto donde los inmigrantes confrontan un examen más minucioso, incluyendo sus perfiles sociales, al solicitar visados, residencias permanentes, nacionalidad o al pedir la liberación de sus hijos bajo custodia federal. El gobierno también ha intentado expulsar a estudiantes extranjeros por participar en activismo a favor de Palestina.

DACA se estableció para proteger a los beneficiarios, conocidos popularmente como “Dreamers”, de ser apresados o deportados por las autoridades migratorias. Además, les permite laborar legalmente en EE.UU. Los beneficiarios deben renovar su solicitud cada dos años. Previamente, si su estatus corría peligro, recibían una notificación y aún tendrían oportunidad de defenderse antes de que inmigración los retuviera e iniciara los trámites para su expulsión.

En respuesta a consultas sobre cualquier modificación, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado indicando que las personas “que dicen ser amparadas por DACA no están automáticamente exentas de deportación. DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país”. Los protegidos por DACA pueden perder su estatus “por diversas causas, incluyendo haber cometido un delito”, señaló.

Agregó que Vijandre realizó publicaciones en redes sociales “glorificando el terrorismo”, incluyendo una que, a su juicio, festejaba a Abu Musab al-Zarqawi, líder de Al Qaeda en Irak muerto en una operación estadounidense en 2006.

Un representante legal de Vijandre, Chris Godshall-Bennett, afirmó que las actividades de Vijandre en redes sociales están “evidentemente” cubiertas por la libertad de expresión. Añadió que el gobierno no ha aportado detalles sobre las publicaciones específicas en documentos judiciales.

Vijandre es uno de unos 20 beneficiarios de DACA arrestados o retenidos por las agencias migratorias desde que Trump asumió el cargo en enero, según Home is Here, una iniciativa impulsada por agrupaciones de apoyo a DACA. El gobierno busca anular su condición de DACA, lo que podría conllevar su expulsión a Filipinas, un país que no ha pisado desde que su familia arribó a EE.UU. en 2001, a la edad de 14 años.

El programa resistió el primer intento del gobierno de Trump de anularlo cuando la Corte Suprema resolvió en 2020 que la administración no siguió los procedimientos correctos para ponerle fin.

Ha habido otros esfuerzos para finalizar el programa o imponer restricciones a sus beneficiarios.

Este año, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió una determinación que negaría permisos de trabajo a los amparados por DACA residentes en Texas. El gobierno de Trump presentó recientemente sus planes ante un juez federal que está decidiendo cómo se aplicará.

El gobierno también ha impuesto nuevas limitaciones a las licencias de conducir comerciales, lo cual impediría que beneficiarios de DACA y ciertos otros inmigrantes las obtengan. El año pasado, 19 estados bajo control republicano retiraron a los protegidos de DACA el acceso a la atención médica bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Y la cantidad de estados que ofrecen matrículas universitarias similares a las de residentes a estudiantes inmigrantes ha disminido desde que el Departamento de Justicia comenzó a demandar a estados este año.

Días después, agentes federales detuvieron a Paulo Cesar Gamez Lira cuando el padre de 28 años regresaba a su casa en El Paso con sus hijos tras una consulta médica. Los agentes le luxaron el hombro, según sus abogados.

“Los beneficiarios de DACA tienen un derecho constitucionalmente reconocido a su permanencia”, argumentó Ong, añadiendo que “el gobierno no puede privar de esa libertad sin dar una justificación válida”.

Los amparados por DACA pueden perder su estatus si son hallados culpables de un delito grave, faltas menos graves relevantes como las que implican agresión a terceros, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, o acumulan tres o más faltas menores. También podrían perder su estatus si representan un peligro para la seguridad nacional o pública.

Seguridad Nacional señaló en un comunicado que Santiago ya había sido acusada de invasión de propiedad, posesión de estupefacientes y parafernalia, y que Gamez Lira había sido previamente detenido por posesión de marihuana.

Ong aseguró que cuando los defensores legales solicitaron su libertad, “el gobierno no presentó pruebas de ninguna falta anterior por parte de ninguna de las personas”.

Vijandre, el hombre del área de Dallas apresado en octubre, permanece en un centro de internamiento en Georgia. Sus abogados indican que recibió una notificación dos semanas antes de su detención de que el gobierno planeaba cancelar su estatus DACA, pero que no se le dio oportunidad de oponerse.

“Pienso que el gobierno ha marcado una distinción muy clara y, al menos por ahora, entre ciudadanos y no ciudadanos, y su meta es expulsar del país a tantos no ciudadanos como sea posible y complicar al máximo el ingreso al país para aquellos que no son ciudadanos”, sentenció Godshall-Bennett, abogado de Vijandre.

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Este relato fue adaptado del inglés por un editor de AP con apoyo de tecnología de inteligencia artificial generativa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

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