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QUITO (France 24) .- Las autoridades ecuatorianas siguen moviendo a centenares de detenidos hacia el nuevo centro penitenciario “El Encuentro”, ubicado en la provincia costera de Santa Elena. Esta prisión de máxima seguridad busca emular el denominado “modelo Bukele” para combatir la delincuencia organizada que afecta a la nación desde hace varios años.
No obstante, el traslado del exvicepresidente correísta, Jorge Glas, ha provocado las primeras objeciones, al mismo tiempo que aumentan las dudas acerca del respeto a las garantías fundamentales.
A pocos días del plebiscito donde los ecuatorianos decidirán si aprueban o rechazan una nueva Carta Magna para el país, el Ejecutivo ecuatoriano presenta su reciente instrumento contra el crimen organizado: la prisión de alta seguridad “El Encuentro”.
Los 300 primeros reclusos —los “más peligrosos”, según afirmó el presidente Daniel Noboa— fueron reubicados el lunes. Y las mudanzas continúan: la prensa local reportó este martes 11 de noviembre que durante la madrugada partieron unos 17 autobuses con presos a bordo, desde el complejo carcelario de Guayaquil, rumbo al flamante centro penitenciario.
¿Cuáles son las condiciones del nuevo recinto de máxima seguridad? ¿Por qué surgen inquietudes sobre su empleo desde ahora? Analizamos esto.
El establecimiento de máxima seguridad “El Encuentro” fue erigido en el entorno inhóspito y apartado de la región litoral de Santa Elena, que además es una de las áreas más convulsionadas del país.
La prisión “El Encuentro” tiene una capacidad máxima para 736 internos. El sistema carcelario de Ecuador sobrepasa actualmente su aforo en un 30%, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
“Celdas concebidas para imposibilitarles cualquier tipo de contacto o comunicación con cualquier otra persona”
La construcción arrancó en junio de 2024 con una inversión de 52 millones de dólares, y las obras estuvieron a cargo de la constructora Puentes y Calzadas Infraestructuras, filial del consorcio español Grupo Puentes, controlado por la empresa estatal China Road and Bridge Corporation.
El Gobierno ecuatoriano planea contratar a personal militar y policial jubilado para custodiar el recinto, en lugar de los funcionarios del SNAI, señalados por corrupción y por facilitar el control de las pandillas en otros presidios del territorio.
De acuerdo con el ministro John Reimberg, el penal dispone de “toda la tecnología necesaria” para que “ningún elemento extraño a lo que debe existir en este centro penal pueda ingresar”.
Además, señaló que cuenta con “todo lo indispensable para la asistencia sanitaria”, con el objetivo de evitar que los encarcelados deban ser trasladados a hospitales.
“Hoy están en módulos pensados para evitarles cualquier nexo o diálogo con persona alguna”, enfatizó.
Su edificación responde a un compromiso y promesa de campaña del mandatario conservador Daniel Noboa: levantar grandes obras de seguridad, imitando el “modelo Bukele”, en referencia al controvertido jefe de Estado de El Salvador.
Noboa promete aplicar su política de firmeza contra las agrupaciones criminales, que han convertido a Ecuador en una de las naciones más agitadas de América Latina.
Esta cárcel también fue impulsada por el actual jefe de Estado como respuesta a la crisis de violencia que se vive en las instalaciones penitenciarias, donde más de 600 reclusos han perecido desde 2021.
“El bandidaje quiso desafiar a Ecuador e inaugurar su ofensiva. Hoy, Ecuador ha respondido con hechos”, sostuvo Daniel Noboa en un comunicado que hacía eco del traslado de los 300 primeros detenidos al penal el lunes.
El nuevo establecimiento de reclusión de alta seguridad comenzó a recibir presos justo un día después de que el domingo 9 de noviembre fallecieran 31 internos en un motín en el presidio de Machala, en el sureste de Ecuador.
Los altercados se produjeron en medio de un enfrentamiento entre las facciones Los Lobos y Sao Box, esta última una escisión de la primera que batallaba por el dominio del centro. Según cifras oficiales, 27 de los fallecidos murieron asfixiados a manos de sus adversarios.
El ministro del Interior, John Reimberg, declaró el lunes que la violencia se desató tras enterarse los reclusos de su cambio de ubicación.
“Se les acabó el jolgorio, cesaron las directrices desde las cárceles, de propiciar intranquilidad y desorden (…) Hoy están en celdas diseñadas para imposibilitarles toda conexión o intercambio con cualquier ser humano”, afirmó Reimberg a una emisora radial.
La inmensa mayoría de las prisiones del Ecuador están bajo control militar desde enero de 2024, cuando Noboa decretó el “estado de conmoción interna” para combatir la inseguridad en el territorio.
“Se les terminó el jolgorio, cesaron las órdenes desde los centros penitenciarios… de generar desorden y caos”, enunció también el ministro de Gobierno, John Reimberg, en entrevista con un medio radial.
El reacomodo de los internos al complejo de máxima seguridad ya está generando reparos.
Mientras el Gobierno ecuatoriano sostiene que la prisión de alta seguridad está destinada a los delincuentes “más peligrosos” del país, el traslado del exvicepresidente correísta, con un perfil distinto al del resto de los privados de libertad, es cuestionado por sus defensores legales.
“Bienvenido a tu nuevo hogar. Pronto vendrán más malhechores”, escribió Noboa en plataformas digitales, en un mensaje sarcástico dirigido a Glas, sobre quien pesan imputaciones por corrupción.
Imágenes de un Glas descuidado a su arribo al centro y dentro de su celda, portando el mono naranja reglamentario para los convictos, acompañaban el texto.
La jurista de Glas, Sonia Gabriela Vera García, denunció un trato que considera una “vejación institucional”.
“La difusión de gráficos del individuo bajo custodia, acompañada de expresiones de mofa y escarnio, constituye una transgresión directa a la directriz obligatoria de la Corte IDH que veda toda forma de exposición o trato contrario a la dignidad humana, e impone al Estado la obligación reforzada de protección y respeto”, escribió en su perfil de X la abogada.
Asimismo, la presencia militar en los penales ha sido motivo de quejas por parte de diversas organizaciones no gubernamentales ecuatorianas, las cuales han reportado a lo largo de los últimos años episodios de violencia, maltrato e incluso tortura por parte de las autoridades penitenciarias hacia los reclusos.
Incluso se han formado agrupaciones ciudadanas, como el Comité de Familiares por Justicias en Cárceles, que denuncian los atropellos de las fuerzas del orden dentro de los establecimientos penales ecuatorianos.
Con aportes de EFE, Reuters y medios locales.
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