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La falta de una planeación estatal ha sido históricamente el punto débil de las carencias en el rubro eléctrico.
Desde la privatización del sector eléctrico, el panorama cambió drásticamente con la llegada de nuevos actores encargados de poner orden. No obstante, años después, al sector le sigue faltando una visión estratégica.
Por décadas, la nación careció de un esquema energético completo que guiara las inversiones. Edward Veras, director de la Comisión Nacional de Energía (CNE), señaló: “Aquí ha existido en ciertas épocas una carencia de planificación histórica. Múltiples compañías, tanto públicas como privadas, contaban con sus propios esquemas, pero no existía un plan nacional general en materia de energía”.
Precisamente esta institución emitió el “Primer Plan Energético Nacional” en 2004, cuando la bolsa mayorista eléctrica ya estaba en funcionamiento. Sin embargo, aquel esfuerzo no tuvo continuidad: “Luego pasamos unos 12 o 15 años sin que la CNE emitiera ningún plan energético. Algunas empresas venían y decidían invertir, pero no había un plan de desarrollo”, agregó Veras, resaltando una aparente improvisación que prevaleció por más de una década.
La ausencia de una sólida planeación gubernamental resultó en demoras en el crecimiento de la generación. Las nuevas centrales tardaban en entrar y bajo circunstancias poco óptimas. José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), criticó que en el país, a lo largo del tiempo, no se ejecutaron licitaciones transparentes para asegurar la energía futura requerida.
Solo en raras ocasiones se intentaron concursos públicos: “Se han realizado pocas licitaciones para adquirir energía. Se hizo una vez, la meta era de unos 800 megavatios y solo se lograron contratar cerca de 400”, recordó sobre un concurso público.
Generalmente, la práctica consistía en negociar acuerdos a corto plazo o proyectos de emergencia específicos, pactados directamente con los generadores ya establecidos. “Vas con los mismos que están generando para que te suministren la energía el próximo año. Se discute el precio y no es posible obtener una mejor propuesta porque no tienes margen de negociación”, explicó Moreno, describiendo cómo la falta de competencia colocaba a la empresa distribuidora estatal en desventaja al negociar con un grupo reducido de proveedores.
Más recientemente, en 2020, se convocó un concurso internacional para instalar dos centrales de gas natural en Manzanillo (Montecristi), pero la participación fue escasa y surgieron disputas entre inversores locales que han pospuesto el proyecto. Hasta tal punto que, según Moreno, “a veces hasta uno olvida que realmente se hizo una licitación, porque no parece que se haya concretado”, refiriéndose al incierto proceso de Manzanillo.
En este sentido, varios proyectos recientes han llegado por vías no competitivas: por ejemplo, contratos de emergencia como las plantas flotantes turcas instaladas en Azua o la reinstalación de la planta San Felipe desde Puerto Plata hacia Boca Chica, todas para aliviar déficits urgentes. “Todas han sido oportunistas”, dictaminó Moreno sobre las adiciones de generación de las últimas décadas.
En numerosos casos, admite el experto, después de otorgar un proyecto directamente, se realiza un proceso de licitación “posterior” para darle entrada “más o menos legal” a lo que ya se había decidido. Esto evidencia la inexistencia de una cultura de planeación anticipada.
En un mercado verdaderamente competitivo, “la rivalidad es el pilar, sin ella no hay eficacia”, afirmó Moreno, abogando por subastas anuales de “energía futura” donde se oferten con suficiente antelación los megavatios que el país necesitará en los años venideros.
Otro aspecto crucial ha sido la ausencia de un sistema de consecuencias ante los incumplimientos. A diferencia de otras naciones, en República Dominicana no se han registrado, al menos en tiempos recientes, sanciones a los generadores privados por retrasos o fallas en sus contratos.
Moreno subraya que en un plan de expansión serio deben establecerse etapas clave (licitación, cierre financiero, construcción, puesta en marcha) con plazos definidos y multas si no se cumplen.
“Si no cumples en el plazo, tienes una penalización. Pero aquí nunca se ha querido hablar de multas para el sector de los generadores”, lamentó el especialista. En contraste, señaló que sí se sanciona a las empresas distribuidoras estatales por mal servicio, pero a los inversores particulares se les ha otorgado una “indulgencia” que va en detrimento de la planificación.
Cabe recordar que en febrero de 2021, tras casi cinco años de diálogos, se firmó el Pacto Eléctrico Nacional, un acuerdo amplio entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil para renovar el sector. Moreno San Juan, quien afirma haber participado en esas conversaciones, revela que no firmó el pacto al considerar que quedaron vacíos importantes.
Una de las discusiones se centró precisamente en el “Plan de Expansión Indicativo” incluido en el pacto. “Logramos que le quitaran la palabra ‘indicativo’ por una semana y luego se la volvieron a poner”, comentó, explicando su preocupación de que un plan “indicativo” implica que no es obligatorio de cumplir.
A su parecer, un plan energético genuino debe ser de carácter vinculante: precisar qué centrales son necesarias, su ubicación, la fecha límite, y asegurar su ejecución. De lo contrario, queda a merced de las “voluntades cambiantes”. “Hablar de energías renovables sin planeación no es transición energética”, advierte además, insistiendo en que la integración de energías limpias debe ir acompañada de una hoja de ruta clara.
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