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El asunto de Monseñor Józef Wesołowski representó un terremoto que quebró las normas diplomáticas y judiciales del Vaticano, marcando un antes y un después en cómo la Santa Sede gestionó las acusaciones de pederastia, particularmente en la República Dominicana.
La reciente suspensión del Monseñor Ozoria por cuestiones administrativas, si bien de diferente índole, se suma a la impresión de una Iglesia en suelo dominicano que se enfrenta a retos internos significativos.
El caso de mayor resonancia en los últimos años fue el de Józef Wesołowski, un excanciller apostólico de nacionalidad polaca.
En 2013, Wesołowski fue apartado de su cargo y posteriormente expulsado del estado clerical después de ser señalado por abuso sexual de menores en la República Dominicana.
Este incidente abrió una veda, atrayendo un mayor escrutinio sobre el modo en que la Iglesia aborda las denuncias contra sus miembros.
Desde entonces, el clero dominicano ha estado inmerso en situaciones complejas que abarcan desde acusaciones de abusos hasta controversias relacionadas con la administración de recursos y el estilo de vida de ciertos religiosos.
El caso de Monseñor Józef Wesołowski fue un escándalo sísmico que rompió el protocolo diplomático y judicial del Vaticano, marcando un antes y un después en la forma en que la Santa Sede manejó los casos de pederastia, especialmente en República Dominicana.
Wesołowski, de ascendencia polaca, fue designado Nuncio Apostólico (representante del Vaticano) en la República Dominicana el 24 de enero de 2008.
Su función era representar al Sumo Pontífice y sostener los nexos diplomáticos con el Estado dominicano.
Durante su tiempo como nuncio, Wesołowski incurrió en abuso sexual contra menores de edad, principalmente niños trabajadores o en situación de calle, a quienes supuestamente contactaba en zonas como el Malecón de Santo Domingo.
Se le imputaba ofrecer dinero y otros beneficios a cambio de favores sexuales. Algunos jóvenes y personas de la zona lo conocían como “el italiano” debido a su acento.
El hecho salió a la luz pública gracias a una investigación periodística en la República Dominicana. Dicho reportaje presentó testimonios directos de los presuntos afectados y grabaciones que sustentaban las acusaciones.
El suceso provocó una sacudida inmediata. El Papa Francisco reaccionó con una rapidez sin precedentes.
A comienzos de agosto de 2013, Wesołowski fue forzado a renunciar y dimitir de su posición. Abandonó el país caribeño justo antes de que los señalamientos se difundieran por completo.
Luego de dejar la República Dominicana, Wesołowski retornó a Roma. La Congregación para la Doctrina de la Fe (el órgano vaticano encargado de juzgar las faltas más graves, incluyendo la pederastia clerical) inició un proceso canónico en su contra.
La etapa primera del proceso canónico concluyó con una resolución de secularización (expulsión del estado clerical).
Se trata de la sanción más severa para un prelado bajo el derecho canónico, despojándolo de todo derecho y obligación como sacerdote y obispo.
Por primera vez en la historia reciente del Vaticano, la Santa Sede optó por ir más allá del marco canónico e iniciar un juicio penal ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Wesołowski fue imputado por abuso sexual de menores y posesión de material pornográfico infantil.
Dada la seriedad de los cargos y para prevenir una posible evasión, el Vaticano ordenó detención domiciliaria en una de sus residencias.
El pleito penal en el Vaticano estaba programado para comenzar a mediados de 2015. Antes de que pudiera enfrentar el proceso penal, Monseñor Józef Wesołowski fue hallado sin vida en su residencia vaticana el 27 de agosto de 2015, a sus 67 años.
La autopsia certificó que el deceso se debió a causas naturales, específicamente un paro cardíaco, poniendo un punto y final sorpresivo al procedimiento judicial.
El affair Wesołowski fue interpretado como una clara señal del compromiso del Papa Francisco con la política de tolerancia cero ante los abusos, al ser el primer excanciller papal detenido y sometido a juicio bajo la legislación penal del Vaticano.
También puso de manifiesto la necesidad de coordinación internacional en la justicia eclesiástica, considerando que el Estado dominicano había solicitado su extradición.
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