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SANTO DOMINGO.- El país sigue con atención el suceso del derrumbe del techo del Jet Set Club, una tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 que resultó en 236 fallecidos y más de un centenar de lesionados.
Este viernes, la Fiscalía presentó formalmente ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación y solicitud de juicio contra Antonio y Maribel Espaillat, dueños del conocido club nocturno.
La imputación, rubricada por el procurador adjunto Wilson Camacho, jefe de la Dirección General de Persecución, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, acusa a los empresarios de homicidio culposo y lesiones corporales involuntarias, tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
Según consta en el expediente, los propietarios agravaron su responsabilidad por sobrecargar la cubierta con equipos de aire acondicionado industriales y tanques de agua, sin contar con estudios técnicos que avalaran su aguante. Además, desatendieron avisos internos sobre el deterioro de la estructura, priorizando el ahorro económico frente a la seguridad de asistentes y personal.
El Ministerio Público fundamenta su acusación en centenares de pruebas, incluyendo los dictámenes técnicos de los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera, Eduardo A. Fierro (BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada, quienes coincidieron en que el accidente fue resultado de fallas constructivas originadas por negligencia humana.
Se recuerda que entre las víctimas fatales de esa noche del 8 de abril figuraban el merenguero Rubby Pérez, la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, el exbeisbolista Octavio Dotel, varios miembros de la familia Grullón, así como seguidores del artista invitado que asistieron al habitual “lunes bailable” del Jet Set Club. Entre los muertos también había residentes extranjeros y turistas, lo cual le dio al caso repercusión internacional.
Aunque la acusación se formula bajo la legislación penal vigente, el nuevo Código Penal Dominicano, ya aprobado por el Congreso pero pendiente de implementación, prevé castigos más severos para los dueños de comercios, locales de entretenimiento o espacios públicos que causen muertes por negligencia estructural o incumplimiento de normas de seguridad.
Esta modificación introduce por primera vez un esquema escalonado de penas, según el número de afectados: prisión menor de hasta 5 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos si hay una víctima fatal. De 5 a 10 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos si fallecen entre dos y cinco personas. Y, en situaciones como la del Jet Set Club, con más de cinco víctimas, la condena podría ascender a 10 años de prisión mayor y multas de 20 a 30 salarios mínimos.
De haber estado en vigor, esta regulación habría endurecido considerablemente la sentencia contra los imputados, quienes actualmente se enfrentan a penas que, según expertos legales, quizás no excedan los dos años de cárcel y una multa “que no bastaría para costear una bebida en el propio Jet Set”, tal como se señaló en un análisis difundido por El Día.
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