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Ecuador desaprueba las mociones planteadas en la consulta constitucional

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Puso a votación (lo de las bases militares en Ecuador) y la mayoría dijo no, no las queremos.

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Al escrutarse casi el 99% de los votos, un 61% rechazó el día anterior la instauración de la Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna, y un porcentaje similar se mostró en contra de las bases militares.

El amplio rechazo popular en una consulta sobre las propuestas del mandatario Daniel Noboa —convocar a una Asamblea Constituyente e instalar destacamentos militares foráneos en Ecuador— representa una seria advertencia y una demanda de cambio en la administración gubernamental, indicaron el lunes algunos expertos.

Con el recuento cerca del 99%, el 61% votó en contra de establecer la Constituyente para reformar la Constitución y un número parecido se opuso a las instalaciones militares foráneas. Además, el “no” triunfó rotundamente en las otras dos consultas: suprimir el respaldo financiero estatal a los partidos políticos y disminuir el número de legisladores.

Este resultado marcó el mayor tropiezo político para el presidente de tendencia conservadora desde su ascenso al poder a finales de 2023, y fue reconocido por mandatarios de ideología opuesta en la región. “Puso a votación (lo de las bases militares en Ecuador) y la mayoría dijo no, no las queremos. Esto también refleja un sentir en América Latina”, comentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, declaró la víspera que “esa gente se levantó de forma contundente para decir NO a las políticas de entrega impulsadas por un régimen corrupto y ligado al narcotráfico, logrando una victoria política histórica”. Las autoridades venezolanas han tachado repetidamente a Noboa de tener vínculos con el narcotráfico sin aportar pruebas.

El presidente ecuatoriano el mismo domingo manifestó que acataba “la voluntad del pueblo”. “Continuaremos la lucha incansable por la nación que merecen con los instrumentos que poseemos”, afirmó el mandatario de corte conservador en su perfil de X.

“Es una clara caída política, sin embargo, esto no implica que se inicie un proceso de inestabilidad en el país”, señaló a The Associated Press Juan Francisco Camino, experto y catedrático de la Universidad Ecotech. Añadió que es “un firme llamado de atención de la ciudadanía para que el presidente ofrezca resultados en su gestión”.

Argumentó que los ciudadanos ecuatorianos esperan soluciones en materia de seguridad, en una nación asediada por el crimen organizado internacional, y en el ámbito sanitario, donde existe un extendido desabastecimiento de fármacos en centros de salud públicos. “Noboa se ha enfocado mucho en crear contenido y comunicarse, pero la gente le exige gestión”, sentenció.

Según cifras del Ministerio del Interior, hasta principios de noviembre se registraron 6,797 homicidios, y este año parece ser el más violento desde 2021, momento en que la criminalidad se disparó en Ecuador, impulsada por grupos locales asociados a los cárteles de Colombia y México.

Para María Cristina Bayas, coordinadora de la maestría en comunicación política de la Universidad de las Américas, el rechazo a la consulta obliga al gobernante a “revisar su postura, estilo, comunicación y, por supuesto, la administración de la cosa pública”.

Para poder transformar este contratiempo en una oportunidad, afirmó Bayas, el gobierno “debe ajustarse y escuchar a la población”, dejando atrás el estilo beligerante y buscando resultados y eficacia en su labor al frente del país.

Estimó que, pese al impacto del rechazo a la consulta, no es “algo completamente negativo” porque Noboa aún cuenta con respaldo popular, dado que casi el 40% de los votantes apoyó su propuesta. Además, señaló, “sigue teniendo un sólido bloque oficialista” en el Órgano Legislativo.

Ambos especialistas coincidieron en que las primeras medidas del gobernante deberían centrarse en renovaciones dentro de su gabinete y en redirigir los esfuerzos del gobierno para responder al claro ganador de la jornada, la ciudadanía que se manifestó el domingo.

Noboa, un joven acaudalado, llegó al poder en noviembre de 2023 para completar el periodo del presidente Guillermo Lasso (2021-2023), tras ganar las elecciones y tomar posesión en mayo pasado para un mandato de cuatro años.

El presidente defendía que era esencial “refundar la nación” ya que la Constitución vigente desde 2008 mantenía al Estado ecuatoriano en un virtual “secuestro institucional”.

No obstante, agrupaciones sociales y opositoras consideraban que el referéndum no resolvería problemas como la falta de seguridad y que Noboa buscaba una Constitución a su medida para gobernar sin las restricciones que impone el marco legal actual, como la Corte Constitucional, el máximo órgano que ha frenado iniciativas recientes del Ejecutivo.

Desde la restauración de la democracia en 1979, tras las dictaduras militares, los ecuatorianos han adoptado tres constituciones.

Respecto a la propuesta de derogar la prohibición constitucional de 2008 para establecer bases militares foráneas en suelo ecuatoriano, la oposición advertía que esto significaba ceder soberanía. Para el gobierno, en cambio, aquello ayudaría al soporte internacional que Ecuador necesita para combatir el crimen transnacional.

La lucha contra la inseguridad y el crimen ha sido un pilar de Noboa desde su inicio en el cargo.

El país andino enfrenta una violencia incesante por la expansión de organizaciones criminales vinculadas a cárteles internacionales, lo que llevó a la administración de Noboa a declarar en 2024 un conflicto armado interno para desplegar a las fuerzas de seguridad.

Las otras dos interrogantes estaban ligadas a la eliminación del financiamiento estatal para entidades y partidos políticos, y a la reducción del número de miembros de la Asamblea Legislativa de 151 a 73.

El partido gobernante sostenía que eso generaría un considerable ahorro para el Estado. Para la oposición, sin embargo, provocaría que solo aquellos con recursos económicos o respaldo de grandes empresas pudieran dedicarse a la política, sin mejorar la calidad de la representación en el cuerpo legislativo.

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