Europa Press Andalucía Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 15:34 Opciones de compartir IA
SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) –
La titular de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y vocera del Ejecutivo andaluz, Carolina España, recordó este miércoles, como respuesta a las críticas de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la forma de supervisar la contratación sanitaria durante la emergencia del coronavirus, que fue ella quien instauró la fiscalización previa para los contratos urgentes de la Administración Central a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023.
“Saquen sus propias conclusiones”, afirmó España ante las objeciones de Montero relativas a que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía promoviera un acuerdo el 6 de octubre de 2020 para incluir un conjunto de gastos cuya fiscalización pasaba de la Intervención General de la Junta de Andalucía, entre ellos, la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dejándolos de estar sujetos al control anterior y sometiéndolos al control financiero continuo.
A esa acción de Montero en el marco de sus funciones ministeriales, se añadió el recuerdo de que en la etapa de gestión socialista al frente de la Junta de Andalucía se sometieron cinco hospitales públicos al control financiero permanente.
España expuso estos argumentos al ser consultada en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno sobre la disparidad de versiones en las dos jornadas de declaraciones testificales efectuadas en las diligencias previas que tramita el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla sobre la contratación de urgencia del SAS.
Se le preguntó a la consejera y portavoz sobre el hecho de que su actual viceconsejera y entonces Interventora General, Amelia Martínez, quien testificó el martes 18, afirmara que la inclusión de los contratos del SAS en el control financiero continuo fue resultado de un diálogo en la Comisión General de Viceconsejeros entre el viceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, y la entonces viceconsejera de Salud, Catalina García.
Este martes, día 25, la versión del exgerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Ángel Guzmán, quien compareció como imputado, fue atribuir la iniciativa a la Consejería de Hacienda, como impulsora del cambio de la fiscalización previa al control financiero continuo para los contratos de emergencia del SAS, según transmitieron a los periodistas fuentes presentes.
Precisamente en el día de hoy se conoció que la Fiscalía Anticorrupción ha propuesto en un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, José Antonio Gómez, que llame a declarar como testigos tanto a Catalina García, actualmente consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente y entonces número dos de Salud, como a Roberto Ochoa, quien ejerció como viceconsejero de Hacienda y Financiación Europea entre el 8 de septiembre de 2020 y el 9 de agosto de 2022.
Respecto a las manifestaciones en el ámbito judicial, España aseguró que “no voy a opinar” al apelar a que ese tema de la contratación de urgencia “está en los tribunales y confiamos en la justicia”, a la espera de que “los jueces cumplan con su labor”.
La consejera y portavoz defendió que “siempre hemos mantenido que el control financiero continuo posee mecanismos de supervisión más rigurosos que el control previo”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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