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NUEVA YORK (AP) — La administración del presidente estadounidense Donald Trump consintió en restablecer la cancelación de créditos estudiantiles para cerca de 2.5 millones de solicitantes inscritos en ciertos esquemas de amortización federales, a raíz de una demanda interpuesta por la Federación Americana de Profesores.
Conforme al pacto alcanzado recientemente entre el gremio docente y el gobierno, el Departamento de Educación tramitó la anulación de la deuda para aquellos que calificaban bajo modalidades de pago con cuotas mensuales inferiores, basadas en la renta del deudor. El ejecutivo había cesado la aplicación de esta cancelación para esos programas, basándose en su interpretación de otra resolución judicial.
Dicho acuerdo también protegió a los prestatarios de ser objeto de cuantiosos impuestos por la deuda condonada ese ejercicio fiscal.
“Nos plantamos ante el gabinete de Trump cuando este se rehusó a acatar la normativa y privó a los deudores del alivio que les correspondía”, afirmó en un comunicado Randi Weingarten, presidenta de la AFT (siglas en inglés del magisterio). “El convenio que logramos significa que estos afectados en vilo por fin obtienen un respiro inmediato o ven la luz al final del camino”.
La Secretaría de Educación explicó que el equipo de Trump revisó las modalidades de condonación, buscando aquellas no impactadas por fallos judiciales que obstaculizaron gran parte de los esfuerzos del exmandatario Joe Biden por anular la deuda universitaria.
“El gobierno proyecta seguir simplificando el mecanismo de liquidación de los préstamos educacionales mediante la ejecución del Gran y Espléndido Proyecto de Ley del presidente”, detalló el ministerio, refiriéndose a una ley impulsada por Trump sobre tributación y erogaciones públicas.
Según el acuerdo, el mandato de Trump debe liquidar los créditos universitarios para los solicitantes beneficiarios enlistados en los siguientes esquemas: planes de amortización ligados al ingreso (IDR); planes de cuotas vinculadas a la renta (ICR); el sistema de pago según ingresos (PAYE), y los programas de exención crediticia por servicio público (PSLF).
Si los prestatarios efectuaron pagos excedentes a lo necesario para la cancelación, se les reintegró el monto. El Departamento de Educación también siguió gestionando las peticiones de “recompra” para los planes IDR y PSLF. Los saldos perdonados antes del 31 de diciembre no fueron considerados ingreso imponible, como sí lo serán en 2026 debido a una reciente modificación fiscal.
El gobierno, además, remitirá informes de progreso semestrales al tribunal para evidenciar el avance en el procesamiento de solicitudes y la anulación de deudas, según reportó la AFT.
Unos 2.5 millones de deudores bajo esquemas IDR fueron cubiertos por el pacto, y otros 70,000 esperaban la condonación mediante el programa PSLF.
A pesar de este acuerdo, las reducciones de personal en el Departamento de Educación podrían afectar los tiempos de gestión de las cancelaciones, advirtió Megan Walter, analista principal de políticas en la Asociación Nacional de Gestores de Ayuda Financiera Estudiantil, una organización sin ánimo de lucro que asiste a dichos administradores.
Si los prestatarios siguieron pagando mientras su solicitud esperaba resolución, se les devolvió el dinero de haber tenido éxito, indicó Walter. “Eso sí, que guarden muy buenos registros”, aconsejó.
La condonación por servicio público, vigente desde 2007, borraba los créditos federales para quienes laboraron en organizaciones no lucrativas o en el sector público tras 120 pagos (diez años). El ejecutivo de Biden también habilitó una opción para que los solicitantes “recompraran” meses de mora durante la suspensión o aplazamiento de pagos en 2023, permitiendo a más gente acceder a dicho beneficio.
