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Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, al remitir un escrito a la titular de la Comisión Especial del Senado, Aracelis Villanueva, destacó que la iniciativa es “coherente, actual y respeta los fundamentos democráticos”, y aplaude su talante abarcador y protector.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó su apoyo al Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, al señalar que la propuesta es un esfuerzo por actualizar el cuerpo normativo del país e igualar la legislación a las exigencias del siglo XXI.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, al remitir un escrito a la titular de la Comisión Especial del Senado, Aracelis Villanueva, destacó que la iniciativa es “coherente, actual y respeta los fundamentos democráticos”, y aplaude su talante abarcador y protector.
Aseguró que una de las claves en el análisis de FINJUS es el manejo de los entornos digitales (como X, Instagram y Facebook). Asimismo, valora la incorporación de un esquema regulatorio que, a su juicio, no ambiciona censurar, sino fijar pautas claras para amparar derechos fundamentales de los usuarios y prevenir abusos así como campañas de información errónea.
“Implantar métodos de transparencia e indisoluble debido proceso (Arts. 20, 21), forzando a las plataformas a notificar variaciones en sus reglas en castellano y ofrecer instancias de defensa y recurso a los usuarios”, recalcó.
FINJUS subrayó que la finalidad es “otorgar amparo y resguardo a los usuarios para eludir posibles excesos” en el ámbito digital.
Un giro conceptual
FINJUS consideró la instauración del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM) que sustituirá a la vetusta Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), como uno de los aportes más importantes.
“Esto significa una decidida apuesta por la modernización del esquema normativo, dotándolo de una organización más contemporánea, técnica y a tono con las vicisitudes actuales”, enfatizó.
El INACOM, un organismo con autonomía funcional adscrito al Ministerio de Cultura, está concebido para supervisar no solo los medios tradicionales, sino también las plataformas digitales, transitando de un modelo de “fiscalización” a uno de “tutela” y observancia de la ley.
Salvaguardas y límite al Poder Judicial
Finalmente, la Fundación resalta el sólido entramado de garantías judiciales del proyecto.
Un aspecto fundamental es la figura de la desindexación digital (retirada de contenidos de motores de búsqueda), la cual solo podrá ejecutarse exclusivamente por mandato judicial (Art. 23). Esto, para FINJUS, es una protección esencial para evitar impuesta restricción arbitraria.
FINJUS concluye que el proyecto es un “avance significativo” que equipara la legislación dominicana a los estándares internacionales, promoviendo una libertad de expresión ejercida con responsabilidad.
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