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SANTO DOMINGO.- El gremio de abogados de la República Dominicana (CARD), bajo la dirección de Trajano Potentini, reiteró su postura este martes respecto a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) conceda otra vez más tiempo al Congreso Nacional para modificar el Código Procesal Penal, particularmente en lo tocante a la Ley 10-15, la cual fue declarada contraria a la Constitución.
Potentini manifestó que una prórroga adicional no solo iría en contra de resoluciones previas del propio TC, sino que enviaría un mensaje negativo sobre la solidez de sus dictámenes. Recordó que, con base en la Sentencia TC 0694/24, los fallos constitucionales son “finales e inalterables”, por lo que autorizar una extensión representaría abrir una vía para reinterpretar dichos fallos, algo prohibido por la Carta Magna.
El líder del colegio profesional indicó que en los recientes debates legislativos han surgido ideas que, a su parecer, suponen un retroceso en las garantías del proceso. Señaló específicamente las propuestas destinadas a extender la prisión preventiva y hacer más estrictas las medidas cautelares, lo que él considera una contrarreforma que iría en detrimento de los avances introducidos por la Ley 10-15.
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Potentini aseguró que estas proposiciones no reflejan ni el espíritu de la decisión del TC ni la exigencia ciudadana de un sistema que vele por los derechos fundamentales y fortalezca las instituciones.
El CARD insistió en que el Congreso debe refrendar la Ley 10-15 en su versión original, sin modificaciones y acatando el procedimiento especial de las leyes orgánicas. Solamente tras cumplir este requisito —declaró Potentini— se podrían considerar nuevas deliberaciones sobre posibles reformas, siempre dentro del marco constitucional y resguardando la seguridad jurídica.
El colegio advirtió que conceder otra extensión pondría al Tribunal Constitucional en una situación comprometida, mermando su autoridad interpretativa y creando inestabilidad sobre la firmeza del ordenamiento legal.
“El reto actual no es aplazar términos, sino reafirmar la institucionalidad, avalar la Ley 10-15 tal como regía en 2015 y luego estudiar cualquier otra sugerencia”, puntualizó Potentini.
El Colegio de Abogados finalizó su comunicado instando a los entes públicos a actuar con coherencia constitucional y responsabilidad institucional, para evitar decisiones que puedan minar la confianza en las normativas y en las entidades encargadas de interpretarlas.
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