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La República Dominicana se halla atrapada en un “círculo vicioso fiscal” caracterizado por ingresos estancados, gastos inflexibles y un déficit persistente, según se señala en la investigación “Un presupuesto sin acuerdo”, presentada este martes por el Movimiento Justicia Fiscal.
El análisis, elaborado por la economista Rosa Cañete Alonso, también indica que el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 prioriza la estabilidad macroeconómica, dejando poco margen para la equidad fiscal, la distribución de la prosperidad o el fortalecimiento de un Estado social que asegure derechos.
“El presupuesto del año 2026 mantiene a la República Dominicana inmovilizada en un ciclo fiscal, con ingresos estáticos, un egreso rígido y en aumento, además de un déficit crónico. Desde 2020, en República Dominicana, los ingresos corrientes no son suficientes para cubrir el gasto corriente; o sea, nos estamos endeudando no para invertir, sino para subsistir, y eso requiere ponerle freno porque, por ejemplo, los intereses de la deuda en el presupuesto 2026 consumen una quinta parte del presupuesto nacional, y el 60% destinado a pagar intereses se dirige a más intereses y no a capital. Estamos empleando más recursos en financiar el pasado que en construir el futuro”, declaró Cañete Alonso.
El informe añade que la propuesta presupuestaria se presenta nuevamente como un ejercicio enfocado en ajustar cifras. Asimismo, sostiene que la calidad del gasto público sigue mermada por rigideces, prácticas clientelares e ineficiencias que impiden convertir recursos en derechos tangibles.
“Otro punto fundamental que aborda el estudio es el aspecto de los ingresos tributarios. En República Dominicana, según datos oficiales, las cien mil personas con mayores ingresos concentran más riqueza que ocho millones de personas. A pesar de esto, las rentas elevadas y los grandes patrimonios contribuyen menos a la recaudación fiscal que el consumo de la mayoría. Esto debe abordarse, ya que en lugar de reducir la desigualdad, la perpetúa”, afirmó la economista.
De igual manera, se establece que, dentro del gasto, la masa salarial pública absorbe el 34% del presupuesto nacional de 2026. Se explica que entre 2005 y 2025, el empleo estatal se triplicó, lo que implica un crecimiento del 61%.
“El número de funcionarios públicos se ha triplicado desde 2005 hasta 2025, sin que esto se traduzca en mejoras para los servicios públicos destinados a la ciudadanía”, sostiene Rosa Cañete Alonso.
Añadió: “El problema no reside en la cantidad de empleados públicos per se. Un aparato estatal mayor no es un inconveniente si resulta en servicios públicos más accesibles, eficaces y de calidad. El verdadero dilema aparece cuando ese crecimiento no responde a necesidades institucionales ni a mejorías en la prestación del servicio, sino a criterios políticos y de clientelismo”.
Por su parte, Ricardo González, del Movimiento por una Justicia Fiscal, resaltó que uno de los aspectos más preocupantes del estudio es que la Presidencia de la República excede, por sí sola, el presupuesto conjunto de 12 ministerios.
“La Presidencia de la República concentra más presupuesto que 12 ministerios. Este es un punto que debemos examinar respecto a cómo se asigna el presupuesto y cuál es el propósito de las instituciones, porque si tenemos entidades cuya función es específica y carecen de los recursos para cumplirla, ya que la mayoría de sus presupuestos se destina a gastos corrientes y nóminas, entonces, ¿cuál es la razón de ser de esas instituciones, con hasta un 85% o 90% ya comprometido en gastos corrientes?”, cuestionó González.
Agregó que el país debería estar invirtiendo el 6% del PIB en Educación, en lugar del 4% actual. “En salud es similar. En sanidad se debería invertir cerca del 6%, y estamos invirtiendo menos del 2%”, señaló el representante del Movimiento por una Justicia Fiscal.
Mientras tanto, aunque aclaró no haber revisado el estudio, el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, coincidió en la necesidad de presentar un presupuesto enfocado en eliminar la pobreza.
“El país forzosamente debe abocarse a una gran concertación. Toda la sociedad debe comenzar a involucrarse para transformar el sistema fiscal del país, para crear un presupuesto que busque erradicar la pobreza y combatir la gran desigualdad que enfrentamos”, expresó el legislador al ser consultado sobre el informe.
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