Entre 2020 y 2025, la industria minera ha destinado más de 220 millones de pesos dominicanos a programas sociales directos, beneficiando a más de 10,000 personas con atención sanitaria gratuita. Además, 140 hogares dejaron sus viviendas precarias por construcciones sólidas, y se habilitaron kilómetros de vías rurales que unieron comunidades antes aisladas, según señaló Pedro Esteva, presidente de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe).
El sector minero formal, indicó, genera más de 30,000 puestos laborales, tanto directos como indirectos, y los 7,199 empleos directos ofrecen remuneraciones casi el doble del promedio nacional.
Asimismo, han facilitado formación a más de 8,100 ciudadanos mediante capacitación técnica, concedido 1,200 becas universitarias y ofrecido 1,700 cursos técnicos con garantizada inserción laboral.
Esteva agregó que se han invertido más de 20 millones de pesos en el proyecto de ecoturismo San Juan 2030, brindando apoyo a grupos de pescadores, fomentando el talento de 350 mujeres empresarias y promoviendo una economía circular mediante el compostaje comunitario.
En una charla con reporteros, el director ejecutivo de la Cámara, Martín Valerio, comunicó que para 2025, el 51.9 % de todas las ventas al exterior del país provendrán de la minería, y solo en el primer semestre contribuyeron al erario con más de 25 mil millones de pesos.
“De estos resultados, la minería no metálica, fundamental para la manufactura, el sector de la construcción y la producción nacional, alcanzó 13.2 millones de dólares en exportaciones, mostrando un alza del 9.9% en 2025. Este segmento, a menudo poco valorado, resulta imprescindible para el progreso del país y la competitividad de toda nuestra estructura productiva,” manifestó Valerio ante la prensa.
En 2025, la reinversión en el sector ascendió a 420 millones de dólares, lo que representa un incremento del 440%, demostrando que las empresas se están quedando e invirtiendo. Es un claro indicativo de confianza, crecimiento empresarial y estabilidad social y política.
Finalmente, destacó la necesidad de agilizar la aprobación de las propuestas mineras. “La inacción administrativa es actualmente un obstáculo para el desarrollo nacional. Cuando una solicitud válida espera meses o años sin respuesta, el perjudicado no es el ente empresarial, sino la nación. Se pierde inversión, se pierden puestos de trabajo y se frena el progreso. Por ende, esto no es cautela, es estancamiento,” concluyó.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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