Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La restricción de la libertad por acciones sancionables es, a falta de la pena máxima y la cadena perpetua, una condición temporal que permite la recuperación —una vez saldada la deuda social— de los derechos cívicos y políticos, sin que se pierda jamás el núcleo esencial que es la propia dignidad humana. Esto es pura teoría en la mayoría de los establecimientos carcelarios dominicanos, congestionados y marcados por condiciones indignas que exacerban la aplicación de castigos que son ilegales y que no deberían ir más allá del encierro.
En esencia, el sistema penitenciario es culpable ante la justicia que administra, aunque en distintos periodos los gobiernos hayan intentado sacarlo de la vergüenza con avances limitados; con gestiones tenues y operativos de rescate enfrentados a estructuras que custodian a los internos y ejercen poder interno sin desvincularse de las prácticas anticuadas de su génesis ni de ciertas lacras. Muestras de estancamiento en la hoja de ruta de las mejoras.
Puede leer: Cuentas regresivas esperando fondos externos
Y más que estancada —tal como lo afirma rotundamente el responsable de Prisiones, Roberto Santana— y con una carencia millonaria de fondos para expandir la infraestructura, la corrupción interna se ha lanzado contra la reforma “como una hidra de siete cabezas a la que hay que cercenar”, frases textuales.
La escasez de recintos para albergar a sentenciados y detenidos provisionales se evidencia en solo 19 centros para 31 provincias y un Distrito Nacional superpoblado y deteriorado, bajo el control de la Policía y el Ejército, cuyos miembros inician sus labores formados exclusivamente para manejar a criminales en libertad (a veces a balazos) o para desplegarse en combate contra amenazas a la nación.
“Grupos que se han beneficiado del desorden y la corrupción intramuros” (Más citas de Santana) están decididos a frustrar la conversión de las prisiones dominicanas en espacios destinados a lograr una verdadera readaptación de los individuos confinados.
Los magistrados y procuradores de este país son llamados con firmeza por el titular de Prisiones a detener sus determinaciones de mantener los penales repletos de individuos por tan solo multas mínimas.
Ciertamente, los privados de libertad pierden generalmente prerrogativas civiles y políticas como la libre circulación, el derecho al sufragio y a ocupar cargos públicos, pero conservan otras garantías humanas esenciales como el derecho a la vida, la dignidad y la integridad personal. La suspensión de derechos es una consecuencia directa de la condena y el encarcelamiento.
Agregar Comentario