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La corporación tecnológica había sido demandada por utilizar, entre 2018 y 2023, información de sus usuarios sin permiso para crear perfiles publicitarios personalizados, lo cual le habría generado enormes ganancias a costa de los medios españoles que sí acataban la normativa.
La magistratura española sentenció a Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, a desembolsar más de 620 millones de dólares a medios locales por “prácticas comerciales desleales”, al determinar que vulneró las regulaciones sobre protección de datos personales, un fallo que podría sentar un precedente.
La corporación tecnológica había sido acusada de haber empleado, entre 2018 y 2023, datos de usuarios sin su autorización para elaborar perfiles publicitarios individualizados, lo cual le habría producido grandes réditos en perjuicio de los medios ibéricos que cumplían con la legalidad.
La parte promotora de la acción, la Asociación de Medios de Información (AMI), proclamó en un comunicado la “resolución histórica” que “salvaguarda el porvenir del periodismo y de la democracia”.
El juzgado mercantil de Madrid a cargo del caso dictaminó que la empresa norteamericana obtuvo “un significativo plus competitivo al ofrecer publicidad en sus plataformas Facebook e Instagram contraviniendo el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD)”, según detalló el jueves en un comunicado.
Aparte de los 479 millones de euros (cerca de 550 millones de dólares) que deberán entregar a los miembros de la AMI, Meta deberá abonar 60 millones de euros en concepto de intereses legales, sumado a otras compensaciones menores a otros diarios y emisoras que no pertenecen a la AMI.
Meta, por su parte, rechazó la decisión del tribunal, alegando que se fundamenta en “una pretensión infundada que carece de cualquier prueba del agravio que se menciona e ignora deliberadamente el funcionamiento del sector de la publicidad en línea”, y anunció que presentará un recurso de apelación.
Durante la vista oral, efectuada en octubre, la AMI sostuvo que Meta había llevado a cabo “un perfilado masivo del comportamiento de todos los internautas” y, a partir de ello, “sin haber notificado ni obtenido el consentimiento de los ciudadanos, había estado vendiendo publicidad dirigida y generando una enorme ganancia”, tal como explicó entonces Irene Lanzaco, su máxima ejecutiva.
Los directivos de Meta trataron, no obstante, de demostrar que para la publicidad los datos de los usuarios son menos cruciales que los sistemas algorítmicos empleados para asegurar que los anuncios sean pertinentes para cada navegante, y que para desarrollar esas herramientas han realizado cuantiosas inversiones.
El juez debió efectuar un cálculo para cuantificar el daño causado, puesto que Meta “no ha aportado al proceso las cuentas de su operativa en España”, detalló el tribunal.
La transgresión se extendió desde mayo de 2018, momento en que entró en vigor la normativa, hasta agosto de 2023, fecha en que Meta modificó el fundamento legal del consentimiento.
En este lapso, basándose en los datos suministrados por el periodismo digital nacional, el magistrado concluyó que la empresa obtuvo en España por el negocio de publicidad digital más de 5.281 millones de euros.
El juez estimó que una porción de esos haberes “debe distribuirse al resto de los competidores del mercado publicitario español, incluyendo a la prensa digital ibérica”, dado que se habían conseguido “vulnerando el RGPD”.
Tomando en consideración las “rentas no percibidas a causa de las acciones de Meta”, fijó la suma en 479 millones de euros para la AMI, 2,57 millones para Europa Press y 13.563 euros para Radio Blanca.
Entre los 83 medios de comunicación representados por la AMI se encuentran cabeceras como El País, El Mundo, ABC o La Vanguardia.
El estrado también señaló que en territorio galo se está gestionando una denuncia similar y que la sentencia recién dictada es consecuente con la legislación “destinada a ejercer un rol esencial en la fiscalización de los excesos que pudieran cometerse con el tratamiento ilegal de la información personal y el inmenso poder informativo y económico de las grandes tecnológicas”.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) celebró el veredicto en España, indicando que “abre paso a una ofensiva eficaz contra la rivalidad desleal de las plataformas en Europa frente a los medios de comunicación”.
El día anterior, el mandatario del Gobierno español, Pedro Sánchez, había criticado a Meta al anunciar que impulsará una indagación a la compañía y que el Parlamento llamará a sus responsables para que aclaren si el gigante tecnológico quebrantó la privacidad de millones de usuarios mediante un supuesto sistema oculto en los dispositivos Android.
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