Nueva Orleans, Luisiana.- Una nueva intensificación en la estrategia migratoria del gobierno de Donald Trump contra las “ciudades santuario” arranca este lunes, con la inminente puesta en marcha del operativo federal “Swamp Sweep” en el sureste de Luisiana. Se prevé la movilización de cerca de 250 efectivos, con el propósito de detener aproximadamente a 5,000 individuos, centrándose primordialmente en Nueva Orleans.
La dirección de esta iniciativa recaerá en el jefe del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Gregory Bovino, conocido por comandar acciones contundentes y altamente debatidas en otras urbes con alcaldías demócratas, como Chicago, Los Ángeles y Charlotte.
Este despliegue ha provocado gran inquietud entre los colectivos latinos de Nueva Orleans. Bovino se ha erigido como la figura visible de estas campañas de alto perfil, que han sido objeto de múltiples señalamientos por el uso de métodos excesivos.
En las intervenciones previas en Chicago, donde se capturaron más de 3,200 migrantes, se informó que agentes federales descendieron desde un helicóptero a un conjunto habitacional y arrojaron gas pimienta y sustancias lacrimógenas contra manifestantes.
Documentos judiciales revelaron que, de casi 600 detenciones examinadas en Chicago, solo un reducido número de indocumentados contaban con antecedentes penales que los clasificaran como “un riesgo significativo para la seguridad pública”, según datos oficiales. El mes pasado, un juez federal en Chicago acusó a Bovino de falsedad en el proceso y cuestionó la utilización de químicos irritantes.
Pese a las críticas, Bovino ha defendido sus acciones en la plataforma X:
” Estamos localizando y deteniendo a extranjeros en situación irregular, y logrando que estas comunidades sean más seguras para los ciudadanos estadounidenses que residen allí”, escribió.
El Departamento de Justicia ha catalogado a Nueva Orleans como una de las 18 “ciudades santuario” por “debilitar la observancia de las normativas migratorias federales”. El cuerpo policial local considera que hacer cumplir estas leyes es una materia civil ajena a su ámbito, y su centro de detención no colabora con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la mayoría de los supuestos.
No obstante, el Poder Legislativo estatal de Luisiana, dominado por republicanos, ha aprobado legislaciones rigurosas para forzar a las instituciones de Nueva Orleans a alinearse con la postura contraria a la inmigración. Las nuevas disposiciones:
– Tipifican como infracción penal el “afectar, dilatar, obstaculizar o interceder” en las tareas de cumplimiento federal.
– Extienden la falta penal (con penas de hasta una década en prisión) a funcionarios que rehúsen acatar requerimientos de organismos como ICE.
– Prohíben la liberación de cualquier persona que “haya ingresado o permanezca ilegalmente” sin notificar previamente a ICE.
La Patrulla Fronteriza, que habitualmente no opera en zonas urbanas, ha generado un clima de temor en las comunidades latinas. Letrados especializados en migración, como Miguel Elías, indicaron que las solicitudes de asesoría para prepararse ante el operativo se han disparado, obligándolos a laborar remotamente por la aprensión de la ciudadanía.
Elías comparó la situación con la preparación ante un ciclón, donde las familias compran víveres, restringen sus salidas y organizan el transporte escolar de sus hijos, buscando refugio en sitios seguros. Entidades defensoras de los migrantes han organizado capacitaciones sobre sus derechos y cómo documentar posibles vejaciones durante las incursiones.
Se estima que, hasta 2023, unos 110,000 inmigrantes sin documentos residían en Luisiana, muchos de ellos oriundos de Honduras, con una población hispana que experimentó un aumento notable tras el Huracán Katrina en 2005.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario