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Los recursos provenientes de las ventas se mantienen en una cuenta estatal.
SANTO DOMINGO.- La magistrada del Segundo Tribunal de Instrucción de La Romana, Vicky Chalas, emitió este viernes el primer fallo a nivel nacional que autoriza la venta anticipada de activos vinculados al caso contra la red de fraude electrónico y blanqueo de capitales desmantelada mediante la Operación Guepardo.
La estructura delictiva se dedicaba a promover desarrollos inmobiliarios con ganancias que ascendieron a US$18,851,583.12, a través de compradores radicados en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, así como la promoción de RE/MAX, una marca de renombre internacional en el sector.
Los bienes incautados pertenecen a la entidad Novasco Real Estate SRL, representada por los cabecillas de la trama Loany Lismeiry Ortiz Nova, detenida en Colombia y a la espera de su extradición, junto con Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco.
Los implicados se hallan cumpliendo una medida cautelar de 18 meses de prisión preventiva, al igual que Rocío del Alba Rodríguez de Moya, recluidas en centros penitenciarios de San Pedro de Macorís y Najayo Mujeres en San Cristóbal.
De igual modo, fueron apresadas Loana Paola Guerrero Milián, quien ejercía como contable de Novasco Real Estate, SRL, y Javier Gustavo Ulloa Bueno, representante legal de la compañía, así como las agentes inmobiliarias principales de los proyectos fantasma Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto.
A estas cuatro personas también se les dictó un periodo de un año de prisión preventiva que deberán cumplir en la cárcel pública de Mujeres de La Altagracia y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey.
Los procuradores a cargo del litigio, Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuraduría Especializada de Persecución de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal Mayerling Rondón, de La Romana, presentaron la solicitud formal ante la jueza.
La decisión se fundamentó en el artículo 69 de la Ley 60-23, relativa a la Gestión de Bienes Secuestrados y Abandonados en Procedimientos Penales y Juicios de Extinción de Dominio, una normativa que establece el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE).
Las autoridades ubicaron las propiedades situadas en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se confiscaron vehículos de lujo, equipos electrónicos y documentos relevantes.
Adicionalmente, se ejecutaron inspecciones en los inmuebles que forman parte del desarrollo Romana Victoriana Residences, donde se instalaron mezcladoras, materiales de construcción, varillas, maquinaria y mobiliario de oficina, incluyendo sistemas de aire acondicionado, para simular las labores constructivas del complejo.
Los activos recuperados serán exhibidos formalmente al tribunal, quien, mediante una sentencia condenatoria, los adjudicará a favor de los afectados. Mientras tanto, el dinero producto de las ventas es depositado en una cuenta del Estado.
El Ministerio Público tipificó el caso como infracción a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal dominicano, al artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Delitos e Infracciones de Alta Tecnología, y a la Ley 155-17, referente al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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