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El extenso corte de luz del martes, aún tema de conversación, no solo mostró las fallas en la red eléctrica, sino también las complicaciones del oficialismo para acordar y priorizar posturas al abordar o justificar inconvenientes del país.
Previo a conocerse el dictamen de la pesquisa ordenada para establecer el origen del desperfecto originado en una planta transformadora en San Pedro de Macorís, la viceministra de Energía y Minas, Betty Soto, lo achacó a una equivocación humana en la operación.
Quizás la funcionaria, quien dirige la innovación y el transporte de energía, haya captado la opinión del grupo o presentado su juicio personal, pero es evidente que se apresuró. Al ministro Joel Santos no le quedó otra opción que precisar que el equipo designado no finalizó la revisión, la cual, aparte de lo técnico, busca determinar si el daño fue provocado intencionalmente.
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En este asunto, el gobierno debía coordinar versiones en torno a un plan para eludir desavenencias que dejan mucho que desear. El desacuerdo no ha impedido que el suministro eléctrico se restablezca con celeridad, pero sí ha puesto en tela de juicio la habilidad de las autoridades para comunicar información al público.
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